Diez miembros de una red ilegal de pisos turísticos se enfrentan a penas de entre tres y nueve años de prisión por haber orquestado un grupo criminal que alquilaba pisos, los reformaba a espaldas de los propietarios y los realquilaba a turistas. Están juzgados por 48 casos diferentes y los afectados reclaman 600.000 euros de indemnización. El juicio es de tal envergadura que se ha tenido que habilitar una sala de la Ciutat de la Justícia de Barcelona para el juicio. Las defensas, en este primer día, reservado a las cuestiones previas, han apuntado que algunos de los encausados ya han sido condenados por hechos similares.
Los casos que se juzgan ahora ocurrieron entre 2017 y 2020, según el escrito que ha presentado la fiscalía, que describe una estructura jerárquica típica de una red criminal. El texto, que publica Europa Press, apunta que el objetivo del grupo era «contactar con propietarios de bienes inmuebles que tenían publicitados sus viviendas con la finalidad de formalizar un contrato de arrendamiento» para, posteriormente, ampliar el número de habitaciones y realquilarlos a los turistas «sin contar con la perspectiva licencia para tal actividad».
Los estafadores presentaban «documentación alterada», dice fiscalía, para presentarse como un arrendador con solvencia económica. Pero una vez abonada la fianza, dejaban de pagar. Los propietarios, insiste el ministerio público, no lograban volver a acceder a la vivienda. El grupo creaba un «clima de terror» con el entorno y burlaba la presencia de los Mossos d’Esquadra o la Guardia Urbana enseñándoles el contrato de alquiler que habían firmado previamente.
Un padre, su hijo y dos mujeres, los líderes
La banda estaba liderada por un padre, su hijo y dos mujeres más. Una de ellas creó una empresa en 2018 para poder contratar al resto de miembros del grupo estafador y poder mostrar estos contratos cuando se les requería para formalizar el alquiler. En este sentido, el escrito de fiscalía deja claro que «ninguno de los encausados ha trabajado en las empresas que aparecían en los contratos de trabajo y las nóminas por ellos aportadas a los propietarios».
El primer caso denunciado data de 2019; una mujer que recibió una notificación municipal avisando que su inmueble actuaba de alojamiento turístico sin tener el permiso. Durante las inspecciones policiales, que se realizaron un año después de la primera denuncia, los agentes encontraron documentos falsos, dinero en efectivo y las llaves de 20 domicilios. El juicio se reanudará el martes, cuando está previsto que testifiquen como testigos algunos propietarios de los edificios.
