La sección séptima de la Audiencia de Barcelona tenía que terminar el trabajo rápidamente. Esta mañana estaba prevista empezar la vista oral contra cuatro mozos de escuadra por una detención que el ministerio público considera ilegal. De hecho, los pide casi nueve años de prisión por delitos contra la integridad moral, detención ilegal, lesiones y falsedad documental. La acusación particular de Iridia subía la petición hasta quince años. Todo ello por haber zurrado un chico, Ignacio, durante la pandemia en Ciutat Vella, dejándole secuelas físicas y psicológicas.
Todo apuntaba una conformidad de las partes por la supuesta evidencia de las imágenes y pruebas aportadas y los informes y atestados policiales, pero no ha sido así, ni mucho menos. Las defensas han hecho punta a lápiz y han decidido celebrar el juicio. Como ejemplo, todos han consignado el dinero para poder aplicar la atenuante de reparación del daño causado, un total de 850 euros por barba. De hecho, este detalle ha hecho pensar que el tribunal ya tiene contada la condena, al especificar que la cantidad es para reducir la pena. Al final, la jornada ha servido para acorralar todavía más los Mossos acusados. Interior los suspendió de sueldo y trabajo, ahora están en activo pero con un expediente disciplinario abierto. El caporal, principal investigado, estuvo un año y medio, y después, como sus compañeros, fueron trasladados fuera de Ciutat Vella porque no podían sostener una suspensión de más de tres años, que es el que ha tardado el juicio.
Las defensas han impugnado los videos -principal prueba acusatoria- y han pedido que la víctima y denunciando no declarara con mampara. Pero, el presidente del Tribunal, el magistrado José Grau, con contundente delicadeza, ha decidido emitir los videos antes que nada, dejar muy claro que no se habían obtenido de manera ilícita y que la víctima tenía todo el derecho de declarar detrás una mampara para declarar con mejores condiciones. El momento de visionado del video ha sido turbador. El silencio de la funcional sala de vistas se ha partido con las imágenes de violencia policial y, sobre todo, los gritos «de ayuda» con un timbre de desesperación que ha estremecido la sala. La incomodidad de todo el mundo se ha hecho patente. Este ha sido un recibidor de un juicio donde las defensas solo tienen a ganar porque parece que la sentencia condenatoria ya esté redactada. La declaración de la víctima y, sobre todo, de la mujer que grabó la detención, Melisa Skeleton, han sido concluyentes y han desmenuzado las expectativas de la defensa. Un dato ha sido fundamental, los Mossos pidieron a Skeleton que borrara el video cuando lo llevó a comisaría.
Antes que nada, los videos
Los hechos se remontan al 13 de noviembre de 2020, en plenas restricciones de pandemia, cuando cuatro agentes, entre ellos un caporal, identificaron un grupo de chicos y uno que los recriminaba el trabajo, recibió de lo lindo. Bofetadas, golpes en el jefe, arrastrarlo por el asfalto o sentarse encima forman parte del relato del fiscal que reclama ocho años y ocho meses de prisión, más de doce años de inhabilitación, más de ocho mil euros de multa y 3.400 euros de responsabilidad civil. Con este escenario, ha empezado la primera sesión- hay previstas cuatro- donde se han formulado las cuestiones previas donde una de las defensas ha pedido aportar una nueva prueba pericial sobre el uso de la fuerza con relación a las imágenes de video que documentaron la acción policial que ha acabado a los tribunales. Un documento que las partes han ninguneado.
Una de las bases de las defensas es la autoría de principal prueba de cargo de los hechos, los videos de la detención. Un bloque de seis videos recogidos y otro bloque de un video de 13 minutos publicado en Instagram que estaría editado, «sin origen conocido». Este segundo video tendría dos minutos y medio menos que los seis videos en total. Por lo tanto, el video tendría que ser, para las defensas, expurgado de la causa porque no tienen ningún tipo de valor jurídico porque no ha habido custodia judicial. «Darle validez seria aceptar la sociedad que George Orwell describió a 1984», ha argumentado al tribunal.
Pero el magistrado Grado, con formas claras y esquivando la cuidadosa dialéctica de los abogados defensores -con el siempre hábil José Maria Fuster Fabra-, ha planteado el dilema y él mismo lo ha resuelto. «Entiendo que ustedes no plantean la ilicitud de la prueba, sino la fiabilidad de la prueba», ha propuesto socráticamente para responderse que «la prueba de ilegal no tiene nada, porque no se ha violado ningún derecho fundamental para obtenerla, y la cuestión de la fiabilidad lo tiene que valorar el tribunal». Así, ha decidido, ante todo, emitir los videos, el entero de 13 minutos y posteriormente, seis videos de la detención. La sala se ha tragado saliva y más de uno ha serrado los dientes, ante unas imágenes duras y los gritos de la víctima pidiendo ayuda.
El testigo de la víctima
La víctima, Ignacio, ha declarado detrás una mampara casera y no se ha meneado del guion que ha mantenido durante la denuncia y la instrucción. A pesar de que, ha tenido que aclarar al Tribunal un problema con su nombre, porque en una detención anterior dio una identidad falsa. Ha narrado sin pasiones ni estridencias la detención. Ha sido convincente explicando en detalle los hechos y confesante al tribunal que «ya no puede ver un policía, ni tampoco un calvo» (los acusados son calvos). También ha argumentado su actitud con la médica forense que en su informe asegura que estaba muy «excitado». «No me fiaba, si cuatro policías me habían podido hacer todo aquello, ¿por qué no lo haría un médico?», ha cuestionado el Tribunal.
Las defensas han intentado encontrar detalles para enmendar el testigo y las pruebas gráficas concluyentes, pero sin éxito. El presidente del Tribunal ha dirigido con traza los interrogatorios y ha reducido los márgenes cuando intentaban envolver el toque de queda de la pandemia con la actitud de la policía. «Tengan en cuenta el contexto…», ha señalado para añadir que el «Tribunal Constitucional y el Supremo han anulado alguna de las órdenes dictadas durante la pandemia».
La autora del video, clave
Pero, uno de los momentos claves de la jornada ha sido la declaración de Melisa Skeleton, la vecina que grabó el video, que ha remachado de pe a pa el testigo de la víctima y ha enfatizado la conducta «educada» que en todo momento tuvo Ignacio. «Solo hubo violencia por parte de un policía», ha insistido. «He trabajado 15 años en seguridad, y la detención que vi solo buscaba hacer daño y provocar que el detenido tuviera dolor», ha sentenciado con firmeza. También ha destacado, con la ayuda del intérprete, que la policía fueron buscando por los vecinos la autora de los videos. Ha negado haber publicado el video a Internet.
De hecho, ha explicado que lo envió a un amigo que sabría qué hacer y después lo borró porque la policía, a la división de Asuntos Internos, le ordenó cuando lo fue a librar a la comisaría por recomendación de un «asesor» del barrio. El encuentro con los Mossos fue sin intérprete. En este punto, se ha entendido por qué hay un video de 13 minutos y el mismo video dividido en seis archivos y con menos duración, y es que Melisa lo envió por
