La Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana y Alerta Solidaria han denunciado en un comunicado conjunto que la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para una vecina del barrio, Doris, que protestó contra un desahucio promovido por la Sareb que echaba a su nuera de casa. Se la acusa de agredir a dos agentes de la Brigada Móvil, a pesar de que, según el comunicado, sostuvo en todo momento en los brazos a su nieto de pocos meses. Se estaba a punto de quedar sin casa.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que el agente 19.703 sufrió contusiones en la cabeza y excoriaciones a la muñeca derecha, razón por la cual requirió asistencia médica y siete días de curación y uno de baja laboral. También indica que el agente 17.468 sufrió una contusión al labio inferior y superior y una cervicalgia con contractura del trapecio derecho, lo cual supuso que también necesitara asistencia médica y 10 días de curación y 5 de los cuales de baja laboral.
Este relato es contradictorio con que, según Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana y Alerta Solidaria, los vídeos aportados a la causa no muestran estas agresiones ni las supuestas consecuencias. «Lo que sí que muestran es la víctima del desahucio gritando para que no toquen su hijo, en brazos de su abuela, que no para quedarse sin casa», indican las entidades en el comunicado. El juicio, añaden, tendrá lugar el próximo 2 de abril.
Por su parte, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Ciutat Meridiana, con el apoyo de Alerta Solidaria, denuncian que se trata «de un caso de persecución y escarnio» contra Doris. «Juzgar esta vecina es la última consecuencia de la dimisión de las autoridades públicas, que lejos de ayudar la clase trabajadora en esta desigual batalla con los ricos envían la policía para hacerlos el trabajo sucio», avisan en el comunicado.
12 años de prisión
Otra causa judicial de la cual se ha hablado recientemente es la del número 105 de la calle de Olzinelles, en el barrio de la Bordeta. La Fiscalía pide 12 años de prisión por dos activistas por la vivienda y los acusa de desórdenes públicos y atentados contra la autoridad. Los hechos de los cuales se los acusa son defender en 2020 un bloque de pisos ocupado que los Mossos d’Esquadra acabaron desalojando y donde vivían cuatro familias con menores de edad. El pasado 29 de febrero se celebró el juicio que acabó suspendido por “falta de pruebas”.
