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Usuarios de la Terrasseta presionan al Ayuntamiento para salvar el comedor social

Los usuarios del comedor social de la Terrasseta, en el barrio de Gràcia, se reunieron el pasado viernes en la plaza de Sant Jaume, coincidiendo con el consejo plenario del Ayuntamiento, para pedir que el ejecutivo vuelva a ayudarles económicamente. Desde el comedor recuerdan que el ejecutivo decidió no renovar un convenio que tenían y que hace un año que no reciben ningún tipo de ayuda. A pesar de todo, el volumen de comidas es similar. La Terrasseta sigue ofreciendo entre 160 y 180 cenas cada día. 

El problema llegó con el gobierno de Jaume Collboni, que transformó el convenio económico en un concurso. La comisionada de derechos sociales, Sònia Fuertes, ha dicho en comisiones del Ayuntamiento que el ejecutivo avisó de los cambios a la asociación Rauxa, la gestora del comedor, pero la entidad matiza que fue solo “una semana antes” de cerrar la convocatoria y no han tenido margen para presentarse.

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Comedor social La Terrasseta, gestionado por la asociación Rauxa | Jordi Play

Un año sin ayudas del Ayuntamiento

Desde el ejecutivo diferencian entre la labor del comedor y la faceta rehabilitadora de la entidad, reconocida en el sector por reinsertar a personas alcohólicas en la sociedad. El Ayuntamiento se abre a “colaborar” con la entidad, pero cierra la puerta a financiar el comedor. Rauxa lamenta, en este sentido, que el ejecutivo les ha retirado el financiamiento mientras que el concurso organizado para gestionar los comedores sociales de la zona lo ha ganado Aramark, una multinacional de catering.

“La ley que ampara el contrato especial de la Terrasseta y las leyes europeas nunca irán en contra de una actividad como esta”, insiste la doctora Maria Lluïsa Marina, alma mater de Rauxa, el pasado octubre en declaraciones al Tot Barcelona. Un año más tarde, la situación es exactamente la misma. Sobreviven gracias a las donaciones particulares de alimentos, pero necesitan unos 450.000 euros para poder cubrir gastos. Diferentes partes de la oposición y otras personalidades, entre ellos investigadores de la Universidad de Barcelona, han pedido al ejecutivo que reconsidere la decisión.

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