El Ayuntamiento de Barcelona armará a su Guardia Urbana con pistolas Taser. Una decisión polémica que tiene al hemiciclo dividido entre partidarios y detractores. La división también se ve en la calle, con los agentes policiales remando a favor de la norma y diversas voces del sector social señalando las contradicciones. Las entidades alertan que la pistola Taser es un arma «potencialmente letal» que conlleva «graves riesgos para la protección de los derechos humanos». Una veintena de entidades ha presentado este jueves decenas de alegaciones a la norma, que ultima los trámites antes de llegar al Pleno.
Las entidades, entre las que se encuentran Irídia, Amnistía Internacional y SOS Racisme, advierten que, tal como se está planteando el reglamento, el uso de pistolas Taser «podría dar cobertura legal a graves vulneraciones de derechos humanos». “Esta es la última oportunidad para que el Ayuntamiento incorpore garantías de protección de los derechos humanos”, ha incidido en una atención a los medios la portavoz de Irídia, Irene Urango. La activista también ha cuestionado que el Ayuntamiento no haya mostrado ningún «informe técnico independiente» que avale la necesidad de tener estas pistolas.
Las entidades también han denunciado la ausencia de un proceso participativo. El Ayuntamiento solo se ha reunido dos veces con las entidades, según ha explicado la encargada de relaciones institucionales de Amnistía Internacional, Júlia Pérez; una con perfiles técnicos y una segunda con políticos. A pesar de reconocer algunas mejoras, Pérez ha lamentado que las cuestiones «más sustanciales» no se han tocado. En este sentido, Iván Cano, representante de Salut Mental Catalunya, ha señalado la «contradicción» de impulsar un plan de salud mental -como el que tiene el Ayuntamiento- con una política «que acompaña la salud con violencia y prejuicios».
Las entidades consideran «imperativo» que el texto prohíba el uso del arma entre los menores de edad. El redactado actual solo restringe su uso entre los menores de 14 años «siempre que los policías puedan percibir esta condición». Desde Irídia recuerdan que el mismo fabricante de estas armas reconoce el peligro que puede suponer usarlas en «personas con una masa corporal baja». La segunda gran preocupación tiene que ver con el seguimiento de estas armas. La norma recoge que se debe diseñar «un sistema de captación de imágenes que permita grabar los hechos y las circunstancias», pero las entidades piden que las pistolas activen un «sistema automático» de rastreo en el momento en que se disparen. Las entidades también piden restringir su uso en manifestaciones.
Los grupos municipales, divididos
El ejecutivo de Jaume Collboni, con el teniente de seguridad Albert Batlle a la cabeza, consiguió el aval del resto de grupos en la comisión del pasado marzo. Solo ERC, con una abstención, y los Comuns, que votaron en contra, se desmarcaron de una iniciativa que cuenta con el apoyo de los sindicatos de la Urbana y el rechazo de diferentes entidades sociales. Los de Janet Sanz ven este recurso «absolutamente desproporcionado» y ERC, más tímido en la crítica, recuerda que las Taser pueden provocar «dolor extremo, lesiones secundarias y riesgos cardíacos». Los republicanos también se han mostrado abiertamente críticos con el hecho de que la Urbana pueda disparar contra menores de edad. La medida cuenta con el aval del resto de grupos, que ven las Taser como una «alternativa al arma de fuego». El ejecutivo tiene previsto ejecutar una primera compra de 22 pistolas que irán a parar al cuerpo de la Unidad de Refuerzo de Emergencia y Proximidad (UREP), los antidisturbios de la policía local.
