Cuarta protesta, y muy ruidosa, del colectivo VTC. Esta mañana, cientos de vehículos VTC han cortado el lateral mar de la avenida Diagonal de Barcelona en defensa de sus derechos, para iniciar una marcha lenta por la calle Numància hasta la plaza Países Catalanes y concentrarse frente a la sede del departamento de Territorio y Sostenibilidad. Convocados por el Sindicato Libre de Transporte y con el eslogan VTC también es movilidad, los autónomos y trabajadores del sector quieren hacer notar a la consejería que dirige Sílvia Paneque su malestar por la futura ley que interpretan los expulsaría del Área Metropolitana de Barcelona. Una ley que, calculan, dejaría en la calle a 4.000 personas.
La protesta se ha iniciado en el cruce de Diagonal con la calle Numància, a partir de las nueve y media de la mañana. La Guardia Urbana de Barcelona ha cortado el tráfico por seguridad hasta que a las once y media se ha iniciado la marcha hacia la sede de Territorio, sin más armas que banderas, los vehículos, las bocinas y los megáfonos que reivindicaban el espíritu de la protesta. La protesta ha obstruido el tráfico de la Diagonal y la calle Numància llena a rebosar de este tipo de vehículo de alquiler con conductor.
José Maria Cazallas, secretario de Organización del Sindicato Libre de Transporte, ha defendido esta nueva protesta a raíz de las últimas informaciones sobre un proyecto de ley que afectaría al sector, pero si bien admiten que aún no lo tienen físicamente, reconocen que tienen algunas de las ideas que se reflejan como que las VTC no puedan seguir operando en el AMB. Un hecho que dejaría en la calle a 4.000 personas que podrían elevarse a 6.000 si se tienen en cuenta los puestos de trabajo indirectos. «Todo esto cuando es un servicio que funciona, que no necesita ayuda, que no está subvencionado y que es demandado por los usuarios», insiste Cazallas. La queja también radica en la posibilidad de que se otorguen más licencias temporales de taxi, un hecho que dejaría en manos privadas el sector y castiga a las VTC. Por ello, reclaman que las cuatro o cinco empresas que operan en el AMB puedan continuar trabajando allí.
