Diferentes entidades de Sant Martí han tomado medidas, con el apoyo de diversos grupos políticos del distrito, para minimizar las provocaciones y discursos de odio que la extrema derecha profesa en los consejos plenarios. Las posturas y formas de los representantes de Vox han encendido las alarmas del resto de actores sociales y políticos de la zona. La Unitat Contra el Feixisme i Racisme (UCFR) se manifestó a mediados de mes en las puertas del distrito y ha solicitado, con el apoyo de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), una modificación del Reglamento Orgánico del Distrito para que quede constancia de que no se admitirán “expresiones ofensivas para la dignidad de las personas o que menoscaben los derechos” en los plenos o cualquier otro órgano de participación.
Las entidades han instado formalmente a los grupos a realizar cambios en el reglamento para que quede claro que los representantes políticos «no pueden lesionar la dignidad de las personas, ni fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra alguien y especialmente por motivos de raza, ideológicos, religiosos o de creencias, situaciones familiares, origen nacional, sexo, orientación sexual o identidad sexual, enfermedad o discapacidad». Así se expresa en la instancia que la UCFR ha presentado al distrito. El texto, que ha podido consultar este diario, también propone incorporar un régimen sancionador que incluya la «expulsión inmediata del pleno municipal» si se producen intervenciones «que lesionen los derechos y la dignidad de las personas».
Las entidades también instan a los grupos, sobre todo mientras los cambios en el reglamento no sean efectivos, a trasladar a la Fiscalía de Delitos de Odio Certificado cualquier acción que atente contra derechos o colectivos concretos y que el acta de la sesión recoja «cualquiera de este tipo de discursos». La iniciativa va un paso más allá del cordón sanitario que pactaron prácticamente todos los grupos del Ayuntamiento al inicio del mandato, que ha frenado la incidencia directa de Vox en el día a día de las decisiones, pero no ha puesto freno a discursos incendiarios. Las entidades se quejan del tono que el partido utiliza especialmente en este distrito, que ha crispado el ambiente. El pasado mes de marzo, un consejero abandonó el pleno después de que la ultraderecha pidiera retirar una subvención a una entidad LGTBI por, supuestamente, haber atacado al gremio de la restauración.
El precedente de Terrassa
Los cambios propuestos deberán pasar por los órganos de decisión del distrito. Pero de entrada, la música suena bien tanto al grueso de la oposición como del gobierno del distrito. Desde la UCFR se aferran al precedente de ciudades como Terrassa, que ha modificado el Reglamento Orgánico Municipal para frenar los discursos de odio. En 2023, y a propuesta de los tres partidos del gobierno (Tot per Terrassa, ERC y Junts) y del PSC, el Coordinador General del Ayuntamiento elaboró una propuesta que veta cualquier intervención ofensiva que menoscabe los derechos de las personas o discrimine e incite al odio. «Existen experiencias municipales en las que ayuntamientos han modificado el reglamento para frenar los discursos de odio y discriminatorios y fijar límites y sanciones que blinden la institución», defiende la UCFR, citando este caso de Terrassa.
