Son pisos con precios protegidos, algunos de compra, otros de alquiler, que desde hace meses acogen a nuevos vecinos de la Sagrera. Los más veteranos llevan un año allí y otros todavía están asentándose. Todos conviven con el ruido ensordecedor de una hormigonera situada en los terrenos donde Adif está construyendo la futura estación de la Sagrera. Hay unos 200 viviendas afectadas por la maquinaria; un total de 600 vecinos, aproximadamente. Las medidas pactadas con el distrito no han atenuado el conflicto y ahora exigen, sin matices, el cese “inmediato” de la actividad.
Los vecinos advierten que la hormigonera obtuvo una licencia temporal de los servicios centrales en el año 2011, con una duración máxima de 2 años y vinculada solo a las obras de la futura estación. El Ayuntamiento ha constatado a la vez que la hormigonera no dispone del permiso ambiental requerido y ha exigido a la Unión Temporal de Empresas que opera en los accesos de la futura estación el “cese” de esta planta. El informe, que ha podido consultar este diario, constata que a mediados de mayo la hormigonera “no dispone de la autorización de emisiones por parte de la Generalitat” y recalca que tampoco se ha solicitado “en el período de un mes” que se le daba. El Ayuntamiento ha amenazado con el «precinto de la actividad o instalación» de manera forzosa, pero reconoce que el trámite «es más lento de lo que quisiéramos».
La empresa presenta recurso
En la audiencia pública de la semana pasada, la concejala de Sant Andreu, Marta Villanueva, pidió paciencia a los vecinos, argumentando que hay un procedimiento burocrático en marcha para cerrar la hormigonera que requiere tiempo. El Ayuntamiento ordenó el cierre el 21 de mayo, pero la UTE La Sagrera ha presentado un recurso; el conjunto de empresas admite que no tiene la licencia de emisiones A y B –alto potencial contaminante y potencial medio– de la Generalitat, pero alega que la licencia de carácter general de 2011 está vigente –contrariamente a lo que opinan los vecinos– y que ha encargado un estudio de impacto acústico.
“Es un procedimiento garantista, pero demasiado lento”, ha admitido la concejala, que da por hecho que los responsables de la hormigonera presentarán un contencioso en los tribunales. “Seguramente lo harán, pero el camino de la justicia camina de forma paralela al nuestro. Hemos hecho más que de mediadores, hemos iniciado el cierre, y el Ayuntamiento continúa con su trámite”, defiende Villanueva ante las críticas de los vecinos, que exigen al ejecutivo más agilidad con el cierre.
Cerca de los módulos del CAP
El Ayuntamiento inspeccionó de oficio las dos plantas en 2024, fruto de las quejas vecinales, y ha abierto tres expedientes de legalidad urbanística y ambiental tanto a Adif como a las empresas que allí trabajan. El consistorio ha logrado cerrar la primera de las dos hormigoneras que había activas en la zona, pero los vecinos lamentan que la segunda continúe activa a pesar de que la construcción en la Sagrera “está muy avanzada”. Los afectados alegan problemas acústicos, pero también de salud. Temen que haya partículas cancerígenas en el ambiente y advierten, en este sentido, que la hormigonera está a escasos metros de los módulos de pediatría del CAP La Sagrera.
