«No recomiendo en absoluto matricularse. Mi último año ha sido un caos, un despropósito y una pesadilla». «He tenido que irme a otro centro para poder terminar el año con seguridad y no perder el curso». «Un desastre». Estos son solo algunos de los testimonios de exalumnos del centro de audiovisuales ITES, una escuela privada de grados superiores que se fundó en 1975 en Barcelona. La situación actual del equipamiento formativo es crítica: arrastra demandas tanto de familias como del profesorado, a finales de mayo perdió la autorización por parte del Consorcio de Educación de Barcelona para poder impartir clase el próximo curso -aunque permite matricularse en diferentes modalidades- y está pendiente de un desalojo aplazado hasta el próximo octubre. Desde la administración del centro reconocen este escenario completamente adverso, pero aseguran que están a la espera de la llegada del dinero de un grupo inversor que debería servir para reflotar las instalaciones y acabar con unos problemas económicos que llevan tiempo arrastrando.
La deriva del ITES comenzó justo antes del traspaso del centro al nuevo administrador, que proviene del sector inmobiliario y del de la tecnología blockchain, conocida popularmente como criptomonedas. Este tomó el control de la escuela a mediados del verano de 2024 -aunque no se formaliza hasta principios de septiembre- después de que el anterior responsable hiciera un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a los trabajadores. Lo hizo directamente, sin tener que pasar por un concurso de acreedores, ya que había estado involucrado en el equipamiento anteriormente a través de unos cursos de inteligencia artificial. A partir de este punto es donde difieren las versiones entre plantilla y el actual responsable. Según denuncian los trabajadores al TOT Barcelona, una de las primeras medidas que tomó la nueva gerencia fue la de descabezar la dirección académica de las instalaciones. También se retiraron algunos pluses al profesorado, hubo rebajas de responsabilidad, cambios constantes de horarios y se vulneraron diversos derechos de los trabajadores, como el de la desconexión digital. Se optó por hacer obligatoria la dedicación exclusiva de los formadores, de modo que se acabó con la flexibilidad horaria que necesitaban muchos de los miembros de la plantilla, que hasta entonces mantenían sus carreras profesionales al margen de la escuela.
En definitiva, se generó un «clima de tensión» que desembocó en una huelga indefinida el 29 de octubre del 2024. La movilización impulsada por el sindicato CGT se prolongó durante tres semanas y no se desconvocó hasta que la gerencia del centro firmó una serie de compromisos ante el Departamento de Trabajo. Lejos de acabar con el problema, denuncian que la situación no hizo más que empeorar. Desde entonces, el centro audiovisual ITES acumula casi quince demandas judiciales de sus trabajadores por impagos. Una parte de la plantilla no cobra la nómina desde el mes de febrero y también hay empleados que han llevado a tribunales la administración del equipamiento por coacciones y amenazas. «Nos prometió que conseguiría ocho millones de euros en inversores, pero después van pasando los meses y ves que no cobras… Lo peor es que estás obligado a ir a trabajar sin cobrar porque, si renuncias al trabajo, también estás renunciando al paro que te corresponde y a la indemnización», lamenta uno de los empleados que sigue en plantilla y que tiene una larga trayectoria en la escuela.
Los trabajadores no son los únicos que han recurrido a la vía judicial. Una veintena de familias han emprendido acciones legales tras constatar que el itinerario educativo prometido y por el cual se matricularon no se cumplía, se había descabezado completamente la antigua dirección y muchos profesores habían dejado de dar clase descontentos con el nuevo rumbo que había tomado la nueva administración. «Aquí hay gente con hipotecas y familias que no pueden dejar de ingresar dinero, así que muchos han acabado marchándose», reconoce un portavoz de los trabajadores.
Este julio estaba programada la primera fecha de desalojo por el impago del alquiler de uno de los locales que ocupa el centro en unos bajos de la calle de Bailèn. Fuentes cercanas al caso apuntan que la deuda podría ascender ahora a más de 300.000 euros. Las mismas voces indican que el lanzamiento se pudo aplazar porque en el interior del local todavía había una serie de material que está embargado judicialmente porque es propiedad de uno de los profesores del centro que está en disputa en los tribunales con la administración, un extremo que niega la gerencia.
Agujero agrandado por la huelga y un inversor para reflotar la escuela
Esta versión contrasta con la de la gerencia del centro de audiovisual, que culpa directamente a la huelga de la complicada situación económica del equipamiento. Desde la administración señalan que las movilizaciones provocaron que una treintena de familias acabaran dándose de baja, comprometiendo la estabilidad financiera de la escuela y haciendo incluso que algunos inversores que ya estaban apalabrados «se echaran atrás«. Recuerdan que el ITES ya acumulaba algunos ejercicios con balance negativo antes de la llegada de los nuevos responsables, con pérdidas que cifran en más de 200.000 euros anuales y que complicaban su subsistencia. Parte de este agujero sería provocado -siempre según su versión- por los sueldos muy por encima de la media de la plantilla que tenía la dirección hasta entonces vigente, a quien también acusa de permitir irregularidades como el uso de subvenciones en formación para pagar nóminas.
Consideran que parte del malestar del profesorado responde a las exigencias impuestas en lo que respecta a las titulaciones oficiales, ya que aseguran que un segmento de la plantilla no tenía los cursos o máster necesarios para poder impartir clase, y remarcan que desde el principio no quisieron despedir a nadie, sino que solo se incorporaron al equipo tres nuevos cargos. Sí reconocen impagos con los sueldos, aunque rebajan la cifra hasta seis personas como mucho, y problemas con el alquiler, aunque defienden que mantienen una relación magnífica con los arrendadores y que pronto podrán saldar la deuda, lo que les debería permitir renovar el contrato por diez años más. Con todo, denuncian que se trata de un conflicto motivado por «pérdida de control» de la antigua dirección y por una parte de la plantilla que habría mostrado una «actitud de obstrucción» provocando un clima de tensión «deliberadamente».
La administración destaca que están a la espera de la llegada del dinero de un fondo inversor que «cambiará el panorama» poniendo una cantidad inicial de cerca de un millón de euros, la mitad de los cuales irán a saldar las deudas por impagos salariales y de alquiler. Los responsables del centro apuntan que están en conversaciones continuas con el Consorcio de Educación de Barcelona, que ya han presentado recurso de alzada ante la revocación de la autorización y que han solicitado una nueva licencia que aún no ha sido otorgada. Así pues, se muestran convencidos de poder reanudar la actividad en septiembre con nuevo profesorado y con acuerdos importantes como la adscripción a una universidad internacional para poder impartir ciertos cursos y grados o la asociación con un grupo de comunicación de renombre para poder continuar ofreciendo una parte de la formación en calidad de prácticas. Confían en poder celebrar los cincuenta años de vida de la institución el próximo octubre habiendo completado el «rescate» de la escuela y aplicando un plan de modernización que incluye nuevas metodologías y cursos de formación complementaria. El objetivo es poder mantener la oferta con sus ciclos formativos de grado superior y medio, reforzando y ampliando la formación no reglada, «haciendo una clara apuesta por la adaptación de los contenidos formativos de la escuela a la realidad audiovisual de nuestro mercado».
Matrículas abiertas a pesar de no tener licencia
A pesar de haber perdido la autorización para impartir clase y estar pendiente de un lanzamiento que se aplazó hasta el próximo mes de octubre, las matrículas continúan abiertas para el curso 2025-2026 sin que se indique en ningún momento que el ITES actualmente no cuenta con la licencia necesaria para mantener la actividad. Según ha podido comprobar el TOT Barcelona, solo entrar en la página web del centro, aparece un banner con el mensaje «matrícula abierta» y debajo se muestran los diferentes grados que hasta ahora ofrecían las instalaciones. Si haces clic en cualquiera de los cursos y completas la información que te solicita, acabas recibiendo al cabo de unos días un correo electrónico de la administración en el que se disculpan por la demora en la respuesta, alegando que estaban «atendiendo diversas solicitudes», y adjuntan un enlace con información detallada y requisitos sobre la admisión al centro, ofreciendo la posibilidad de hacer una visita presencial al equipamiento.
Siguiendo los pasos que te indican llegas a poder pagar la matrícula del grado, sin que en ningún momento se haya especificado que por ahora no hay ninguna garantía de que este se pueda impartir finalmente. Lo dejan constancia diversas reseñas en Google de familias que se enteraron de la situación del centro después de haber completado todo el proceso y que ahora esperan que les devuelvan la cantidad abonada. «Estoy esperando que me devuelvan el dinero de la matrícula». «Continuamos esperando que nos devuelvan el dinero de la matrícula. Nosotros ya hemos tomado medidas». El descontento es palpable si miramos los mensajes que diferentes usuarios han dejado en el perfil de la escuela desde hace un mes y medio y hasta el más reciente, que se publicó hace apenas dos semanas. Una de las personas afectadas que utilizó esta vía para denunciar su caso fue Gimena. «Mi hijo de 18 años quería estudiar producción audiovisual. Vimos que esta escuela estaba cerca de casa, que tenía una larga experiencia y conocíamos algún alumno que había pasado por allí. Nos cuadraba en todos los sentidos», explica esta madre en una conversación con el TOT Barcelona.
Se informaron por la página web, a través de la cual recibieron un enlace donde podían abonar los 1.295 euros de la matrícula. Después de completar el proceso, no recibieron ningún mensaje ni comprobante. Tampoco información sobre el inicio de las clases ni ningún detalle del itinerario educativo. Su hijo se acercó al centro y le dijeron que todo estaba correcto y que continuaran con la inscripción. Siguiendo con la incertidumbre, la madre se acercó a la escuela, donde se encontró con un grupo de profesores que la informaron de la disputa legal con la gerencia y de la decisión del Consorcio de revocar la licencia, que era oficial desde el 26 de mayo. Ellos habían pagado la matrícula el 3 de junio, una semana después de que se conociera el veredicto. «No tenían autorización y nos dejaron seguir con el proceso. Es verdad que estaban esperando una resolución, pero no había nada seguro. No es ético ni justo. Su forma de proceder me pareció una estafa», subraya. Después de mucha presión, consiguió que finalmente le devolvieran el dinero pagado casi un mes más tarde. Esto permitió que su hijo pudiera acabar matriculándose en otro lugar y no se quedara tirado con la incertidumbre de saber si habría clases o no. Como contrapartida, le ofrecieron gratuitamente un curso de verano en línea de marketing digital. «Es poco profesional. No queremos saber nada de ellos», concluye.
«Están vendiendo humo. Ofrecen grados y cursos que no tienen la licencia para hacer», asegura un exprofesor consultado por este medio que impartió clase durante varios años en la escuela. «No se hacen juntas de evaluación, se están regalando notas… Algunos alumnos no se han matriculado para hacer el segundo curso y tienen problemas en otros centros, que les dicen que los expedientes no se han hecho correctamente», añade otro maestro todavía en plantilla. Fuentes del Consorcio de Educación de Barcelona remarcan que solo tienen competencia para autorizar o no la impartición de esta formación profesional, que es un proceso reglado. Las mismas voces confirman que, por ahora, el ITES tiene denegado el permiso y que la revocación de la licencia se hizo después de comprobar en varias inspecciones que no se cumplían los «requisitos mínimos» y de requerir a la dirección del centro «varias veces» que se enmendara la situación. Ante la omisión a las peticiones, se tramitó el cese de la autorización.
