La Universidad de Barcelona (UB) ha elevado a la fiscalía provincial de Barcelona el caso que afecta al catedrático, ahora emérito, Ramon Flecha y otros miembros vinculados al grupo de investigación CREA. Así lo ha decidido el rector de la universidad, Joan Guàrdia, tras recibir un informe preliminar de 200 páginas en el que se describen conductas que, si se confirman, podrían tener relevancia penal y que apuntan a que el CREA actuó como un «grupo coercitivo de alto control». Una «gravedad de los hechos» relatada por once testigos que les ha llevado a tomar esta decisión. Mientras tanto continúa la investigación interna abierta para esclarecer los hechos de los cuales se acusa al catedrático emérito.
Según la universidad, los hechos enmarcados en el grupo CREA que los declarantes han relatado ante los expertos son muy graves: “Podrían ser constitutivos de conductas de delitos de coerción sexual y psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias”. En este sentido, aunque no ha hablado de secta, sí que ha apuntado a la posible existencia de un “grupo coercitivo de alto control”, caracterizado por un liderazgo fuerte, una estructura jerárquica y un funcionamiento sistematizado que habría usado las instituciones en beneficio del líder o del mismo grupo. Además de llevar el caso a fiscalía, la Universidad de Barcelona también ha acordado suspender a dos docentes investigadores durante seis meses, prorrogables, y retirar la condición de catedrático honorario a una tercera persona.
Posible acusación particular
De momento, la Universidad de Barcelona ha decidido llevar el caso del catedrático acusado de varios delitos de acoso sexual ante la fiscalía por la «gravedad de los hechos» detectada. Ahora bien, en caso de que se inicie una querella o una denuncia por parte de este organismo, la UB solicitará personarse como acusación particular. En paralelo, la universidad activará también medidas de acompañamiento psicológico para todas las personas afectadas por el caso, tanto en la actualidad como en el pasado. Además, se adoptarán medidas cautelares para que los méritos académicos y profesionales vinculados con los hechos investigados no sean tenidos en cuenta en procesos de selección o promoción de profesorado, especialmente en casos relacionados con vínculos con CREA.
