Larga comparecencia de la consejera de Interior, Núria Parlon, y del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, para explicar los últimos sucesos en el barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs, sobre todo, el incidente de los 150 disparos que dejaron un herido el pasado 7 de febrero o el desalojo del pasado 24 de enero, donde la policía recibió lanzamientos de objetos. Ambos han comparecido en la comisión de Interior, donde la oposición ha sido especialmente dura, con su gestión policial de los hechos y de la política de seguridad en general. Al fin y al cabo, la comparecencia llega después de cuatro asesinatos en la última semana.
En todo caso, Trapero y Parlon se han desentendido de lo que se llama el «problema de la Mina», alegando que es un conjunto de situaciones y deficiencias históricas -como la densidad de la población o los edificios fruto de construcciones «especulativas»- y no solo debe tener una respuesta policial. Trapero lo ha resumido «rápido y claro»: «Esto no se arregla con dos furgonetas y quince agentes de la ARRO». «La policía no puede transformar una sociedad, una comunidad o un barrio, no puede, no sería bueno y no es factible», ha sentenciado. «La policía es parte de la solución, pero no es la solución», ha añadido. Trapero ha señalado que el problema radica en «décadas de carencias, desigualdades sociales, la iluminación de las calles, la falta de expectativas de los jóvenes o la falta de ascensor social». Problemas que el director ha emplazado a los portavoces a abordar. Parlon ha puesto como deberes hacer un «abordaje integral» en el barrio.
De todos modos, el director de la Policía ha negado que la Mina no es un «barrio sin control» pero ha admitido que los Mossos d’Esquadra se enfrentan a situaciones hostiles. Asimismo, ha reconocido que se necesita «tiempo de dedicación largo y meticuloso» con «mecanismos de inteligencia artificial» para la investigación criminal. «No son dos o tres meses de trabajo, es largo», ha remarcado recordando la densidad de la población en el barrio y los problemas estructurales que arrastra.
Un plan de largo alcance y una oposición dura
En esta línea ha informado sobre la actual estrategia de los Mossos en el barrio: coordinación con las policías locales, un equipo de investigadores ampliado, con el despliegue de dispositivos como el «Nucli» o el «Límit» para controlar el tráfico de armas o para poder poner más agentes uniformados en la calle que desincentive la actividad delictiva y el incivismo además de permitir una «respuesta inmediata» en cualquier incidente. Trapero y Parlon también han subrayado la puesta en marcha de controles y patrullaje de apoyo de la ARRO y la Brigada Mòbil, las unidades de orden público de la policía de la Generalitat. También ha incluido la colaboración con la judicatura, la fiscalía, las asociaciones de vecinos y los responsables de la oficina de relaciones con la comunidad de los Mossos destinados a la zona. Asimismo, ha valorado la coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas para acompañar los servicios que consideren de riesgo.
La oposición ha sido bastante contundente en la réplica a la exposición de Parlon y Trapero. Por parte del PP, Alberto Villagrasa, que siempre lleva los deberes hechos, se ha enfrentado al director porque después de 150 disparos, tardaron «25 minutos» en aparecer. De ahí ha reclamado que haya más policía de manera permanente, como ahora la Brimo. Villagrasa ha relatado diez casos de los últimos meses en La Mina y se ha quejado por el hecho de que aún no hay ningún detenido. «Que los agentes de investigación criminal se pongan las pilas», ha recriminado. Laia Cañigueral, de ERC, también ha criticado la gestión de la seguridad y su falta de ambición nacional que hace la administración de Salvador Illa. En la misma línea se ha posicionado Sergio Macián de Vox, que ha reclamado más mano dura y ha acusado a Trapero de hacer pasar gato por liebre con los datos de criminalidad. Josep Rius, de Junts, también ha criticado la gestión de la seguridad pública. Pilar Castillejo de la CUP ha reclamado más mediación policial y medidas integrales de carácter social, como lo ha hecho Andrés Garcia Berrio, de los Comuns.
