Trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona están en pie de guerra. Desde hace un mes exacto -el 5 de febrero-, empleados públicos del ámbito de los Servicios Sociales y las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), entre otros, están en huelga indefinida, con paros parciales. El detonante fue la firma del nuevo convenio colectivo por parte de los sindicatos mayoritarios del consistorio -CSIF, UGT y CCOO- con un horario semanal de 35 horas, que en Servicios Sociales y las OAC no se cumpliría. Los sindicatos que están detrás de la protesta son la CGT, la Intersindical y Ábacos. Denuncian una situación «de emergencia social y laboral», según Ábacos y la Intersindical.
El próximo martes, 10 de marzo, la Intersindical ha convocado por primera vez una huelga general en el Instituto Municipal de Servicios Sociales. «No iremos a trabajar. Saldremos a manifestarnos», afirma el delegado de la Intersindical en el Ayuntamiento, Miquel Rubio, al TOT Barcelona. Los 1.500 trabajadores, de los cuales un 80% son mujeres, están llamados a concentrarse frente a la sede del instituto en la calle de València. La idea es realizar un paro total una vez al mes. Y si el conflicto no se resuelve en abril o mayo, se podría plantear una huelga general en todo el consistorio. Rubio opina que en el Ayuntamiento hay trabajadores de primera, segunda y tercera, y sostiene que por primera vez el convenio aprobado supone una pérdida de derechos laborales.
«Precariedad de la plantilla»
Según la CGT, la movilización ha superado ya las críticas del nuevo convenio colectivo y se ha convertido «en una enmienda a la totalidad de la gestión social del consistorio», con una lista de espera de un mes aproximadamente. Para el sindicato, la «precariedad de la plantilla» se traduce en una «degradación de los servicios hacia las personas más vulnerables». Y desde la Intersindical se afirma que el nuevo convenio colectivo «es un ataque frontal a nuestros derechos y a la calidad de los servicios públicos». La Intersindical añade que se ha pasado de un escenario de mejora a uno de retroceso. «Nos han recortado medidas de conciliación y flexibilidad que eran vitales para el día a día de la plantilla», dice en un hilo en la red X.
🧵 FIL: Per què parlem del «CONVENI DE LA VERGONYA» a l’Ajuntament de Barcelona?
— Intersindical Ajuntament de Barcelona (@InterAjBCN) March 3, 2026
El Ayuntamiento declina hacer valoraciones
El TOT Barcelona ha solicitado al servicio de prensa del Ayuntamiento su posicionamiento sobre la huelga y cómo estaban yendo las negociaciones con los sindicatos implicados, si las había, para intentar cerrar un acuerdo. Las fuentes consultadas se han limitado a decir que no hacen valoraciones.
El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento para los años 2025-2028 se aprobó en el pleno de enero y ha dejado como titular principal una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Sin embargo, el acuerdo no tuvo mucho apoyo político, ya que solo votaron a favor PSC y Barcelona en Comú; Junts per Barcelona y ERC se abstuvieron porque hay colectivos inquietos, y PP y Vox se desmarcaron.
CGT considera que la jornada de 35 horas no se aplica de forma igualitaria a toda la organización municipal y consolida «desigualdades» y precariza sectores feminizados. «El convenio castiga especialmente los servicios de atención directa, con una presencia mayoritaria de mujeres». «En Servicios Sociales todos hacen más de 36 horas. Los educadores de calle sí que hacen 35 horas, pero ese es el menor problema que tienen», argumenta Rubio, de la Intersindical.
«Malestar» y «sobrecarga»
Elvira Galeano, secretaria general del Sindicato de Administración Pública de CGT en Barcelona, detalla que en el caso de los Servicios Sociales se ha establecido un complemento de prolongación de jornada que ha generado mucho «malestar» en la plantilla. El personal, asegura, está muy «sobrecargado» de trabajo y casos, lo cual ha derivado en muchos trabajadores que han tenido que pedir la baja. Galeano también dice que el Ayuntamiento «juega al desgaste» de la plantilla. Tanto CGT como la Intersindical aseguran que el gobierno municipal no ha querido reunirse con ellos. Al inicio del conflicto, pidieron una mediación, pero el Ayuntamiento no se presentó, apunta Rubio.
La Intersindical pone el foco, entre otros aspectos, en las afectaciones que el nuevo convenio tiene en el Instituto Municipal de Servicios Sociales, un ámbito castigado en el que la «nueva normativa supone perder hasta nueve días de compensación al año». A su parecer, el servicio está saturado, con ratios imposibles que impiden hacer una intervención real en infancia o violencia machista. El sindicato denuncia que hay un «recorte social encubierto», tanto en lo que respecta a las ayudas de emergencia como a los alojamientos de urgencia. «Las listas de espera crecen y la inversión real baja».
En cuanto a las OAC, la Intersindical explica que continúan con paros parciales y asambleas generales. «El convenio afecta a toda la plantilla. Tienen el mismo problema de precarización, recortes sociales encubiertos y que no se cumple con las 35 horas», añade el delegado sindical Miquel Rubio.
Amplio seguimiento, según CGT
CGT afirma que el seguimiento que está haciendo de la huelga es de media del 73% en las OAC, con un 100% en les Corts, y entre el 80 y el 84% en Sants-Montjuïc, Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi, lo cual ha obligado a anular masivamente citas previas de la ciudadanía. En los Servicios Sociales, la movilización es de 385 profesionales de media. Y en el Servicio de Atención a las Violencias Machistas (SARA), que se sumó al paro el pasado viernes, el seguimiento fue de un 80%.
Detener las externalidades
Los sindicatos plantean una mesa de negociación específica «para abordar la realidad» de los servicios afectados, que incluyen, además de Servicios Sociales, las OAC y SARA, el programa de acción socioeducativa A partir del Carrer (APC) y los Puntos de Atención e Información a las Mujeres (PIAD). Entre las reivindicaciones, CGT menciona una jornada de 35 horas semanales para toda la plantilla, con flexibilidad y conciliación efectiva; un incremento de la plantilla y recursos para garantizar la calidad del servicio y reducir ratios; detener las externalizaciones y apostar por la municipalización de los servicios; unos horarios dignos (ahora se realizan jornadas que pueden superar las 10 horas continuadas); una mejora salarial que frene la pérdida de poder adquisitivo, y una reversión de los recortes de los derechos laborales y las prestaciones a la ciudadanía.
Las guarderías se movilizarán a partir del 16 de marzo
Otro colectivo municipal al que no ha agradado el nuevo convenio es el de las guarderías. Sònia Fernández, vicepresidenta del sindicato Ábacos, expresa su «preocupación» y cita como una de las reivindicaciones principales la creación de «105 plazas estructurales», una para cada guardería municipal, «con el objetivo de reforzar las plantillas y garantizar una mejor atención educativa en los centros». La respuesta municipal, sin embargo, ha sido crear 250 plazas a media jornada dentro de una plantilla volante. «No representa una ampliación real de plantilla». En la práctica, estas plazas corresponden a sustituciones que actualmente ya se están realizando en los centros y que ahora se consolidan en forma de contratos a media jornada. Este modelo condena a muchas profesionales a malvivir con medio salario y consolida la precarización dentro de un servicio público esencial.
Ábacos también muestra su desacuerdo por la eliminación de la segunda actividad por edad, que se limita únicamente a determinados casos de salud y a un número restringido de plazas. Al mismo tiempo, reclama un calendario escolar propio, independiente de la Generalitat; la reducción de las ratios educativas, más recursos para atender adecuadamente a los niños con necesidades educativas especiales, la cobertura inmediata de las sustituciones, el reconocimiento de la hora de comer como tiempo efectivo de trabajo, y denuncia la falta de compensación económica por el desfase de horas respecto a la nueva jornada de 35 horas del Ayuntamiento.
Las guarderías barcelonesas se movilizarán la semana del 16 al 20 de marzo, junto con el resto del sector educativo, detalla Fernández. «Solo a través de la movilización de las profesionales y del apoyo de la ciudadanía podremos revertir la situación actual y garantizar que las guarderías municipales continúen siendo un servicio educativo público de calidad para la ciudad».
