Las profesionales del Instituto Municipal de Servicios Sociales han aprovechado el aperitivo de Navidad celebrado por el mismo Ayuntamiento de Barcelona en la Model para denunciar lo que consideran “maltrato institucional” por parte del consistorio y un nuevo convenio –que aún se está negociando– que “agravará aún más la situación de las trabajadoras y de la atención ciudadana”. El colectivo alega que el servicio «está saturado» y que tienen una «sobrecarga de trabajo» importante que no se soluciona con el nuevo redactado. Durante la protesta, las educadoras y trabajadoras sociales municipales han criticado al Ayuntamiento por «no entender» la casuística del sistema y han expuesto que ahora se han comenzado a cubrir bajas del mes de julio.
“Nos encontramos en una situación de sobrecarga y saturación que impide hacer nuestro trabajo de acompañamiento con calidad”, se quejan. A efectos prácticos, estos problemas se traducen en ratios “demasiado elevados” para hacer intervención directa, en un “incremento de gestiones burocráticas” o “direcciones saturadas con múltiples cargos”. Un aspecto que se ha ido agravando en los últimos años por la situación crítica del mercado de la vivienda en Barcelona, que las condiciona el trabajo. En este sentido, el colectivo avisa que la mesa de emergencia de vivienda tiene listas de espera de “más de cuatro años”. Desde la antigua prisión La Model, las trabajadoras añaden que “la problemática sistémica de vivienda recae sobre nosotras” y defienden que “es imposible encontrar pisos en Barcelona” y “aún más imposible si las ayudas son de solo 800 euros al mes durante solo un año”.
Una carta enviada hace unos días al Ayuntamiento por un centro del Poble-sec refuerza la teoría de las trabajadoras. “Nos vemos expuestos a una atención continuada a desalojos en situación de alta vulnerabilidad, sumado a la incertidumbre por la finalización de la moratoria de supresiones de lanzamientos. La atención que requieren familias con una situación grave de vivienda condiciona toda posibilidad de intervención social”, apuntaba el escrito.
Inquietud por el futuro convenio
Con este contexto sobre la mesa, las protagonistas de la protesta explican que el Ayuntamiento quiere reorganizar el horario laboral, lo cual las dejaría en una situación más compleja sobre todo entre los meses de mayo y septiembre. Actualmente, las educadoras y trabajadoras sociales municipales hacen 35 horas de mayo a octubre y 37,5 de octubre hasta abril. El nuevo texto reduciría poco más de una hora la jornada laboral del segundo tramo del año, pero las obligaría a salir una hora más tarde las tardes que trabajan de mayo a octubre.
“Puede que otras trabajadoras que ganan días de teletrabajo estén satisfechas, pero a nosotras eso no nos afecta. Además, en julio y agosto no tenemos visitas programadas por la tarde y con el nuevo convenio tendríamos que hacerlas”, explica la organización de la protesta al Tot Barcelona. Las trabajadoras tampoco entienden por qué hasta ahora tenían libre el 24 y 31 de diciembre y con el nuevo convenio pierden este privilegio. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento alegan que no es legal, según explican las afectadas, pero las trabajadoras se preguntan “por qué en el convenio de 2019 se podía hacer –y se ha mantenido hasta ahora– y ahora ya no”. “Falta transparencia”, se quejan.
Durante la protesta, las profesionales de Servicios Sociales han aprovechado para denunciar lo que entienden como un “agravio económico” entre profesionales. Antes de la reforma educativa del Plan Bolonia, los psicólogos y pedagogos salían con una licenciatura y los educadores y trabajadores sociales con una diplomatura, pero los cambios legislativos de 2007 transforman las carreras en un grado universitario. “Entonces, ¿por qué continúa habiendo diferencias de sueldo tan grandes entre educadores y pedagogos, por ejemplo?”, se preguntan las afectadas.
Por otro lado, piden que el convenio detalle que su trabajo contiene un “riesgo emocional”, una declaración que se vería reflejada en su salario y en mejores condiciones. Las trabajadoras sociales del Ayuntamiento exigen, en este sentido, más seguridad y apoyo psicológico. “Vemos abusos, niños maltratados, y todo eso te lo quedas para ti. Y luego hay situaciones que no son seguras. Una compañera de Sant-Gervasi vio cómo un usuario se le presentaba con un cuchillo para agredirla”, explica una de ellas, que prefiere no publicar su nombre.
Otros colectivos como los Puntos de Información y Atención a las Mujeres (PIAD), el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA), las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) y la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas (OPSE) también se han unido a las trabajadoras sociales durante la protesta.
