Barcelona todavía conserva algunos elementos franquistas que rememoran el pasado dictatorial en la ciudad. El Ayuntamiento se apresura a retirar cualquier simbología que enaltezca la dictadura, pero todavía quedan nombres de calles, placas y otros monumentos impulsados por la Falange Española de las JONS. El Defensor del Pueblo de la ciudad, que en un comunicado reconoce que el consistorio barcelonés ha mostrado su «voluntad y determinación» para retirar la presencia de simbología fascista, reclama ahora que el Ayuntamiento haga público «el censo de placas y otras referencias a retirar en la ciudad, y que valore la conveniencia de establecer un canal para que la ciudadanía pueda comunicar la detección de simbología fascista».
El Ayuntamiento empezó la retirada de publicidad falangista a Nou Barris y Gracia. Durante el primer mandato de Ada Colau, el consistorio retiró 204 elementos en Nou Barris y 163 en Gracia. Una iniciativa de ambos distritos, pero que el entonces teniente de alcaldía Gerardo Pisarello ya anunciaba que era el inicio «de una política de ciudad». A petición del Síndic, el gobierno de Jaume Collboni ha informado que el ejecutivo, a partir de la información que llega de los distritos y previa consulta a los servicios jurídicos, prevé tener una «propuesta de censo de elementos a retirar» en junio del 2024. Con todo, el Ayuntamiento también ha especificado que los técnicos de cada distrito «proceden a activar la retirada» de cualquier elemento «contrario a la ley de memoria democrática» si se detecta.
La sindicatura celebra las intenciones municipales, pero aprendida el Ayuntamiento a «hacer público» el censo que se está elaborando. La defensoría también cree adecuado establecer un canal «para que la ciudadanía pueda comunicar la detección de simbología fascista que no conste en el censo elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona».
¿Qué dice la ley de memoria democrática?
El Ayuntamiento se ampara en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que defiende «los valores democráticos» y los «derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España». El texto describe cuáles son los elementos contrarios a la memoria democrática y exige la retirada de la vía pública. En cuanto a las instituciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, la ley remarca que se tiene que hacer un «catálogo» de símbolos y elementos contrarios a la cultura democrática.
La sindicatura cree que, a pesar de que este catálogo todavía no está disponible, la lista permitirá a las administraciones mejorar sus protocolos y disponer de una visión más integral de su tarea. En última instancia, la institución capitaneada por David Bondia recuerda la importancia de seguir insistiendo en este camino por la relevancia que tiene para la sociedad avanzar y eliminar cualquier elemento en lo referente a un periodo de la historia «en que se vulneraron los derechos humanos de manera sistemática».
