El Defensor del Pueblo de Barcelona ha pedido «dejar de invisibilizar» las necesidades de las familias que tienen personas privadas de libertad. Durante la presentación del informe
Acompañando el defensor del pueblo, la Asociación de Familiares de Presos de Cataluña ha dejado claro que los familiares «nos sentimos abandonados». «Tú puedes tener un hijo en prisión y otros a casa. Si pides hora a la seguridad social, la psicóloga te dará hora una vez al mes», ha lamentado Gràcia Amo, portavoz de la entidad, que también ha asegurado que necesiten más subvenciones, psicólogos y médicos.

La sindicatura ha detectado una «carencia de acompañamiento» de la administración a las personas que tienen familiares en la prisión. El estudio pone de manifiesto la necesidad de apoyar psicológico a los familiares más próximos desde el primer día de encarcelamiento, de acercarles apoyo jurídico para atender incidencias y acompañarles en cuestiones de salud física y mental. Resumiendo, el defensor del pueblo considera que los familiares sufren un «déficit de información, orientación y asesoramiento» y una carencia de «apoyo psicosocial para afrontar el encarcelamiento del familiar».
Un punto único de asesoramiento
El defensor del pueblo ha pedido más implicación de los servicios municipales con este colectivo. Una reclamación que, a efectos prácticos, se traduce con peticiones concretas para los servicios sociales del Ayuntamiento. El informe pide, por ejemplo, incluir el hecho de tener un familiar en la prisión como «una variable que puede aumentar el riesgo de exclusión social» y que se tenga en cuenta las necesidades familiares «en el ámbito económico y social». Las asociaciones que trabajan con presos, de hecho, recuerdan que en la prisión los ingresos disminuyen y que muchas familias se resienten fuera. Por otro lado, según el defensor del pueblo, la administración también tendría que potenciar todavía más la coordinación entre servicios sociales y sistemas penitenciarios.
Más allá de poner deberes a los servicios sociales, la propuesta estrella del defensor del pueblo se basa en la creación de un Punto de Asesoramiento, Desviación y Acompañamiento (PADA). Un servicio centralizado, independiente de la administración penitenciaria, que se dibuja como algo parecido al Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados. La directora adjunta del síndico, Eva Chueca, ha remarcado que «las familias tienen una desconfianza de la administración penitenciaria» y que, por lo tanto, es necesario «construir un vínculo desde los servicios sociales». Desde la sindicatura aseguran que esta oficina funciona con éxito en otros países europeos y de Latinoamérica.

Un servicio confidencial y personalizado
La sindicatura apuesta por hacer de esta oficina el centro neurálgico de las familias con personas en la prisión. «Se podría informar sobre el funcionamiento general del sistema penitenciario, los pasos para hacer ante incidencias vividas, los diferentes recursos sociales, y las entidades que pueden ayudar en términos de apoyo mutuo», apuntan desde la sindicatura. En todo caso, la idea no es sustituir ningún servicio, sino convertir esta oficina un gran punto de información que sirva a la vez para desviar los familiares hacia los recursos existentes más oportunos en función de cada caso. «Para que este punto sea eficaz es necesario que haya protocolos de actuación entre los otros servicios que existen y que no siempre son reconocidos», ha advertido Chueca.
David Bondia ha admitido que el Ayuntamiento todavía tiene que estudiar la propuesta, pero que la primera respuesta «ha sido buena». El defensor del pueblo también lo ha hecho llegar a los diferentes grupos municipales con la idea debatirla en la comisión de portavoces. A estas alturas todavía no se ha hablado de qué presupuesto tendría que tener esta oficina, competencia del Ayuntamiento. Si la propuesta prospera en la capital, el defensor intentará que esta oficina se replique en otros puntos de Cataluña.