Tensión en Barcelona por la gestión de la crisis de la peste porcina africana (PPA). Unas 200 personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume contra lo que consideran una «matanza» de jabalíes en Collserola. La manifestación ha sido convocada por el Pacma y otras entidades animalistas, y ha reclamado estrategias «más éticas» para limitar la expansión del virus y reducir la población de fauna salvaje alrededor de la capital; como la esterilización con pienso o la instalación de jaulas trampa para atrapar a los animales. Los organizadores han acusado, además, al Gobierno de «proteger los intereses del sector porcino»; y han atacado a los cazadores, a quienes han dedicado gritos de «asesinos».
La portavoz del Pacma en la jornada, Atziber Sáez, ha insistido en evitar «el exterminio de animales» entre las tácticas para detener la crisis. «Sabemos que es posible y que se debe escuchar a los científicos», asegura. Cabe recordar que los protocolos de la Unión Europea llaman a evitar la matanza de animales infectados dentro del perímetro de seguridad, al menos mientras dura la expansión de la enfermedad. El ejecutivo comunitario insta a cerrar el radio de 6 kilómetros, evitar movimientos, y «dejar que los animales mueran tranquilos» por los efectos de la enfermedad. Según los portavoces comunitarios, una estrategia invasiva puede provocar la fuga de jabalíes, y aumenta el riesgo de contagio fuera de la zona controlada.
Críticos con Ordeig
Parte de las críticas de los manifestantes han ido dirigidas hacia la gestión comunicativa de las administraciones, que presentan, a su parecer, a los cazadores como «unos héroes»; cuando, a ojos de los animalistas, tienen «gran parte de la responsabilidad» de la expansión de la enfermedad. «Está demostrado que cuántos más jabalíes se matan, más se reproducen», alerta. Ha denunciado también la existencia de «granjas cinegéticas» que crían especies de caza para luego liberar a los animales y «disfrutar exterminando». Han apuntado concretamente al consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, a quien reprochan una «proximidad preocupante» con los cazadores. El abuelo de Ordeig, recuerdan, fue presidente de la Federación Catalana de Caza; hecho que causa, a ojos de los manifestantes, un «conflicto de intereses».
También han apuntado contra las ayudas al sector porcino. Aunque no están en contra de las entregas económicas a los productores, consideran que los 10 millones de euros -ampliables a 10 millones más, según las necesidades que genere la crisis- deberían dirigirse a «cambiar el modelo» alimentario del país, y no a mantenerlo. Un modelo, ha recordado Sáez, que está detrás de la concentración extrema del primario catalán, pero también de la contaminación de los acuíferos o de la oposición de muchas asociaciones ganaderas a las renovables. Las ayudas responden, según los manifestantes, al hecho de que «hay grandes empresas que ganan mucho dinero explotando animales».
