La prisión de régimen abierto que se está construyendo en la Zona Franca de Barcelona entrará en funcionamiento el abril del 2026. Así lo ha anunciado el Departamento de Justicia este jueves en una visita de obras, donde también ha informado que tendrá 800 plazas en dos módulos, 400 en cada uno. La prisión está pensada para aquellas personas que cumplen pena de prisión en régimen abierto o tercer grado y, por lo tanto, se encuentran en el último tramo de la condena. En aquellos casos, solo duermen en la prisión entre semana y durante el día salen a hacer voluntariados, formarse o trabajar. La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, ha explicado que en estos momentos hay 1.474 internos clasificados en tercer grado en Catalunya, 200 más que hace nueve meses. Actualmente, representan el 25,5% de los presos y el objetivo de la consejería es llegar al 30%.
Este tipo de instalaciones están pensadas para acoger los presos con una visión residencial de los espacios y un diseño ambiental «normalizadores» donde se prescinde de los elementos de seguridad propios de un centro cerrado, como pueden ser muros, rejas o concertines. En paralelo, el departamento ha señalado que la desinstitucionalización en el medio abierto genera tasas de reincidencia más bajas. Según el último informe del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat, el 10% de las personas que acaban la condena en tercer grado reincide, mientras que las que lo hacen en segundo grado representa el 26%.
13.000 m²
En cuanto a los detalles de la futura prisión, durante el acto también se ha explicado que el centro penitenciario se encuentra en un solar de 6.500 m² y que tendrá útil de unos 13.000 m². En este sentido, Ubasart ha afirmado que este centro será la equipación penitenciaria «más ambiciosa» de los últimos años. También ha destacado que es la «infraestructura física» de uno de los «grandes retos del presente y el futuro en la ejecución penal, el impulso del medio abierto».
Los presos serán, concretamente, hombres de las prisiones de Trinitat Vella y Wad-Raído, que en conjunto tienen una capacidad de 600 plazas. Este traslado supondrá el cierre de la prisión de Trinitat Vella, ya que las instalaciones quedarán obsoletas. La Generalitat entregará el edificio en el Ayuntamiento de Barcelona para construir las viviendas sociales prometidos en esta zona.
