Después de meses de debate, el Ayuntamiento finalmente ha decidido salvar la Nau Bostik de la Sagrera. Antes de acabar el mandato, el ejecutivo aprobará un nuevo Plan de Mejora Urbana (PMU) para la zona de la antigua fábrica, una herramienta jurídica que permite modificar una parte concreta del proyecto urbanístico de la Sagrera. Con esta jugada, el Ayuntamiento permitirá que la nave mantenga el uso actual y, a cambio, trasladará los hipotéticos 30 pisos que se tendrían que construir en este espacio a otras zonas del barrio. Una idea que convence las entidades culturales y profesionales que conviven a la Bostik, pero que ha puesto en alerta al vecindario.
La Asociación de Vecinos de la Sagrera y algunas familias de la escuela vecina

Una nave para «entidades afines»
Desde la asociación vecinal aseguran que el conglomerado de entidades culturales –muchas de ellas sin ánimo de lucro– y de profesionales artísticos que conviven a la Bostik no tienen nada que ver con el barrio. Incluso, algunos vecinos manifiestan haber pagado hasta 800 euros de alquiler para poder utilizar el espacio. El portavoz vecinal, Oleguer Méndez, asegura al TOT Barcelona que en el barrio le faltan «equipaciones educativas y para la gente mayor» y recuerda todo el que han tenido que luchar para poder ampliar el CAP. «Si fuera un espacio para el barrio, todavía lo entenderíamos», dice Méndez, que mantiene que la principal petición de la asociación es poder convertir la nave en un «espacio verde» que rodee la escuela
Otro argumento que usa el Ayuntamiento para salvar la Bostik es la atracción turística del espacio. «Dicen que sirve para descentralizar el turismo, pero creemos que cuando la estación de la Sagrera esté acabada, ya tendremos mucho», dice Méndez. Todo ello ha llevado a los vecinos a sentirse «estafados» por el consistorio, y denuncian que está favoreciendo «entidades afines y grandes empresas inmobiliarias».
El amianto, el otro gran inconveniente
Según el Ayuntamiento, el anuncio del nuevo plan se ha dilatado en el tiempo por temas ajenos a la remodelación urbanística, como por ejemplo la gran cantidad de amianto que todavía hay en la antigua fábrica. El amianto es, de hecho, el que más preocupa a algunas familias de la escuela
La última revisión del espacio data del 2019 y, según los afectados, «en ningún caso se puede considerar una base fiable para mantener la situación actual de la nave». La ley estatal sobre residuos aprobada el 8 de abril de 2022 obliga los ayuntamientos a elaborar «un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique la retirada» en el plazo de un año «desde la entrada en vigor de la ley». En este sentido, fuentes municipales confirman al TOT que prevén tener un estudio sobre la materia «a finales de mayo», pero no detallan cuando empezaría la desinfección del recinto.

El consistorio también niega haber acordado el plan con