En pleno debate sobre la amnistía, continúan los procesos judiciales contra los independentistas. Martes de la semana entrante, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona sentará en el banquillo a cinco independentistas acusados de daños y desórdenes públicos y a quienes el ministerio fiscal les reclama hasta cinco años de prisión. Según el escrito de acusación de fiscalía, los procesados habrían quemado contenedores propiedad de Fomento de Construcciones y Contratas por valor de 2.638 euros.
Los hechos se registraron la noche del 28 de septiembre de 2020, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) inhabilitó de manera exprés al entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su «contumaz desobediencia». Los jóvenes, tres de ellos del pueblo del Bruc, asistieron a la manifestación convocada, según el fiscal, por el «CDR Barcelonès», en señal de rechazo por la decisión judicial. El escrito de calificación de la fiscalía, al que ha tenido acceso El Món, no explica nada de cómo fue la manifestación, ni tanto solo si hubieron brotes violentos, sino únicamente que los procesados «prendieron fuego a los contenedores».
Conspiración contra los contenedores
Así, el relato de la acusación que escribe el fiscal es bien sobrio y conciso. Únicamente hace referencia a la quema de los contenedores que fueron «destruidos completamente». Para hacerlo, los acusados actuaron articulando una conspiración contra los recipientes de desechos ubicados en las calles de Barcelona. En concreto, el ministerio público considera que actuaron en dos oleadas y además de manera planificada. De hecho, asegura que «obraron de mutuo acuerdo y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena», es decir, los contenedores de Fomento.
Así, en un primer momento, y hacia las diez y media de la noche, dos de los acusados quemaron un primer contenedor. A continuación, se les añadieron tres chicos más —dos de ellos, hermanos— que quemaron otro situado al cruce entre las calles Bruc y Ausiàs March. Siete agentes de los Mossos d’Equadra habrían participado en la identificación y detención de los independentistas. Además, la fiscalía contó con Valentín, un testigo que corroboraría la supuesta autoría de los hechos por parte de los acusados. Ninguna más prueba que un CD con imágenes que serán visionadas en la sala.
Para fiscalía, los cinco cumplen los requisitos de los delitos de desórdenes públicos del artículo 557 del Código Penal por los que pide una pena de 3 años de prisión. Así mismo, añade una pena de dos años de prisión por un delito de daños del artículo 263. Así como la responsabilidad civil que se haya derivado de la quema. Cinco años de prisión, pues, por quemar contenedores. La instrucción del caso ha ido a cargo del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona y es uno de los casos surgidos por una protesta que transcurrió sin incidentes remarcables y que llegó hasta el Parlamento de Cataluña, ubicado en el Parc de la Ciutadella. A pesar de que después se dirigió hacia la plaza Cataluña, donde no se registraron incidentes remarcables y acabó con el tradicional juego del gato y la rata entre policías antidisturbios y manifestantes.
