Un grupo de manteros se apresura a recoger los productos que intentaban vender a la estación de metro de Catalunya. Varios agentes de la Guàrdia Urbana les esperan en la parte superior de las escaleras de la estación, mientras otros guardan en una manta el material que han podido requisar. Los manteros protestan por esta actuación, y la única respuesta de los policías es ordenarles que se queden en el interior de la estación. No pueden marcharse a casa ni continuar trabajando. Solo resignarse.
Esta escena es la que se puede ver en un vídeo que circuló hace pocos días por las redes sociales y despertó indignación entre muchos usuarios. Desde el Sindicato Mantero de Barcelona describieron la actuación de los agentes de “persecución” y “de humillación”. Pero este hecho no es aislado. Tal como denuncian miembros del sindicato al TOT Barcelona, desde que el PSC está al frente del Ayuntamiento, los manteros están sufriendo “una persecución brutal” que no vivían desde el verano del 2019 ni desde último año del mandato del exalcalde Xavier Trias. “A raíz del estallido de la pandemia el marzo del 2020, la cosa se tranquilizó. Pero el alcalde Jaume Collboni tiene un objetivo muy claro con el Pla Endreça: la persecución”, dicen desde la tienda de ropa de la marca Top manta, originaria del 2017 y establecida desde entonces en el barrio del Raval. “No entiendo como un gobierno que ‘limpia’ las calles de ciertas personas, puede decir que es progresista”, añaden.
Presión contra la venta ambulante
Desde el Ayuntamiento no han querido responder a las preguntas que este diario quería trasladarle sobre esta cuestión. El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, negó el pasado mes de agosto que se hubiera producido un cambio de rumbo a la hora de tratar la venta ambulante. Aseguró que la presión contra esta actividad había sido continuada desde agosto del 2019. Pero al compartir la semana pasada en una rueda de prensa los resultados de los primeros dos meses del Pla Endreça, Batlle dejó a entrever que sí que se había intensificado, ya que el pasado mes de agosto se habían requisado 86.000 objetos más que el mismo periodo del 2022. También reafirmó su intención de continuar trabajando en esta línea. “En Barcelona no queremos esta actividad. Nadie se puede jubilar de vendedor ambulante. Es un comercio ilegal que favorece la explotación de personas”, subrayó.
Desde Barcelona en Comú entienden el fenómeno de la venta ambulante de una manera muy diferente que sus antiguos socios de gobierno. Tal como señalan al TOT, consideran que es una forma de ganarse la vida para las personas que se han visto obligadas a huir de sus países de origen y que se topan con una ley de extranjería que no las deja trabajar en un inicio. “Se encuentran con una ley racista que les impide poder acceder al mercado de trabajo de forma normalizada y los condena a la exclusión social”, indican desde el partido.
En cuanto al abordaje de la situación del nuevo consistorio, también consideran que “ha incrementado la presión policial contra la venta ambulante”. Pero lo que no ha hecho, añaden, es acompañar esta presión de “medidas sociales de inserción laboral”. En este sentido, desde BComú consideran que la venta ambulante se tendría que tratar de manera integral y no solo con presión policial. “La respuesta tiene que combinar soluciones sociales, económicas y legislativas al ámbito estatal, que faciliten la regulación de las personas, así como disponer de patrullas de prevención en zonas saturadas para evitar la instalación de vendedores ambulantes», detallan.
«Brutalidad» policial
La realidad que viven los manteros, pero, es muy diferente. Desde el Sindicato Mantero de Barcelona aseguran que la manera de actuar de la Guàrdia Urbana está lejos de ser respetuosa. Consideran que tratan con más cuidado a las personas que cometen delitos de fuerza más graves, como «los traficantes de drogas», ya que “persiguen más a los manteros negros que los traficantes, porque los es más fácil”. Catalogan la persecución que sufren de “brutal”. “Cuando ves que la policía se está preparando para desalojar manteros, lo primero que piensas es que quieren pillar un delincuente armado. Vienen corriendo y agrediendo con porras eléctricas”, avisa. “No merecemos este trato”, recalca.
Parte de la violencia de la cual hablan se ve reflejada en el último informe anual de la entidad antirracista SOS Racisme, ‘Invisibles: el estado del racismo en Catalunya’, publicado el pasado mes de marzo. Entre las conclusiones más importantes, destacaban que el “racismo policial” había sido la primera causa de denuncia el 2022 al Servicio de Atención y denuncia —SAID— de SOS Racisme. Esto no es todo. En cuanto a los diferentes cuerpos de policía, la entidad concluyó que el 65% de las denuncias hechas en Catalunya por racismo se atribuían a la Guardia Urbana y el 25% a los Mossos d’Esquadra.
En cuanto a la actividad de los manteros, desde el sindicato recuerdan, antes que nada, que se dedican a la venta ambulante porque la ley de extranjería solo los permite empezar a trabajar después de haber pasado mínimo tres años residiendo en el Estado. “Todos los migrantes que ahora estamos trabajando hemos pasado antes por la venta ambulante. Yo mismo estuve vendiendo en la calle”, señala uno de los miembros del sindicato, y a continuación, asegura que la burocracia puede ser muy lenta y que algunas personas se han llegado a esperar 10 años para poder trabajar. Para todos sus integrantes, la solución tendría que partir de hacer grandes cambios en el ámbito legislativo. “Es fácil. Por qué no nos dejan trabajar directamente cuando llegamos aquí?”, dice dejando en el aire una pregunta que quizás nunca nadie se la responderá con claridad.
