Son las cinco y media de la tarde y en la calle de Leiva hay un local con la puerta abierta de par en par. Todavía con la resaca de las elecciones del 12-M, los voluntarios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) preparan como cada lunes la sala central de este espacio -ubicado en una vía poco transitada del barrio de Hostafrancs- para poder acoger la asamblea de bienvenida. Unas veinte personas esperan en el interior sentadas en sillas, mientras una de las integrantes de la entidad recibe a los recién llegados que con cuentagotas y mucha indecisión se acercan a la puerta para pedir ayuda.
«Una vez cruzas esta puerta, no volverás nunca a estar solo«. Esta especie de leitmotiv es una de las frases más repetidas por este equipo de bienvenida, que se encarga de hacer la primera acogida de los nuevos casos que llegan cada semana a la PAH Barcelona. Solo este lunes, la entidad se ha encontrado con cinco nuevas demandas de desahucio y varias familias con problemas administrativos. La mayoría de los voluntarios han vivido en sus propias carnes varios intentos de desalojo. Saben cómo dirigirse a los afectados, pero son conscientes de sus limitaciones. «No hacemos milagros, pero, si te mueves, te ayudaremos con todo lo que podamos. Hoy por ti, mañana por mí«, insiste uno de los miembros de la comisión.
La desesperación de un desahucio
Sílvia es una de las personas que ha acudido al local por primera vez este lunes. Su caso es peculiar porque, a pesar de llevar toda la vida viviendo en Barcelona, un problema administrativo no le permite empadronarse en el piso de Sant Martí donde reside ni pedir ayudas para subsistir. Tiene una sentencia ejecutoria por desahucio y no puede evitar echarse a llorar cuando explica su historia y las cicatrices emocionales que todavía arrastra por un episodio de violencia machista. A su lado, Roxana también vive con la inquietud de un desahucio inminente. Esta mujer de 65 años tiene fijada la fecha de lanzamiento para el próximo 4 de julio. Ha conseguido cita con los servicios sociales municipales, pero la alta demanda no le permite ser atendida antes del 24 de junio, cuando faltará poco más de una semana para el desalojo.
Unas sillas más adelante, un hombre explica cómo la muerte de la propietaria del piso donde reside desde hace más de una década podría dejar a su familia en la calle. Después de aceptar varios aumentos del alquiler aparentemente fraudulentos, las hijas de la hasta entonces titular decidieron venderse la vivienda. A pesar de tener certificado de vulnerabilidad, el locatario denuncia que empezó a recibir presiones y que al final le llegó el burofax con la denuncia. El desahucio está fijado para el 13 de junio y el hombre está desesperado.
La única alternativa ante el colapso de los servicios sociales
Estos son solo algunos ejemplos de los casos que llegan cada semana a manos de la PAH. En sesiones como las de los lunes, los voluntarios de la entidad intentan asesorar a las familias para que puedan agotar todos los cartuchos a su alcance para evitar los lanzamientos. Ayuda como la que proveen entidades como esta es muchas veces la única alternativa que tienen los afectados ante unos servicios sociales al límite del colapso por la alta demanda y que a menudo no son capaces de aportar las soluciones necesarias con la rapidez que algunos procesos requieren.
Los mismos miembros de la PAH son un ejemplo de hasta qué punto puede llegar a ser crucial esta intermediación y apoyo. Hacia el final de la sesión toma la palabra Irina, una madre de dos menores que después de cuatro años esperando en la mesa de emergencia podrá acceder finalmente a una vivienda de protección oficial. El caso despierta euforia entre los asistentes, que levantan las manos y las giran de lado a lado. El pequeño milagro de cada lunes.
