Òmnium Cultural ha presentado un recurso de apelación a la interlocutoria del magistrado que investiga las cargas policiales de l‘1-O en Barcelona y ha pedido la imputación de una docena de policías españoles nuevos, algunos de ellos superiores que no impidieron «en ningún momento» que sus agentes actuaran «de manera no protocolaria, lesiva y vejatoria». Por lo tanto, la entidad, que ejerce la acusación popular, los señala como responsables directos de los actos violentos que se vivieron en algunas escuelas de la capital.
Entre las imputaciones planteadas, hay tres jefes de núcleo que operaron en las escuelas Estrella, Ramon Llull y Pau Romeva y cuatro jefes de grupo destinados en los centros Estrella, Mediterráneo y Joan Fuster. Hay que recordar que la interlocutoria del juez Francisco Miralles ya había enviado 47 agentes a juicio por los hechos que se vivieron en trece escuelas barcelonesas, los cuales considera que fueron desproporcionados o irregulares. El escrito, incluso, llega a describir las acciones como «trato denigrante» de la policía hacia las personas que fueron a votar el 1 de octubre.
«Llegaremos hasta el final»
El escrito de apelación de Òmnium argumenta que el operativo desatendió la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de garantizar la convivencia ciudadana y el libre ejercicio de los derechos fundamentales durante el referéndum de 2017. Además, añade, el marco legal de protección en la actuación policial fue insuficiente.
El presidente de la entidad, Xavier Antich, ha recordado que «más de 5 años después del 1-O todavía no hay ningún policía condenado», pero sentencia que «gracias a la fuerza de la sociedad civil, llegaremos hasta el final para que esta violencia no quede impune». En este sentido, el objetivo de Òmnium, apunta Antich, es que «todos y cada uno de los policías y mandos implicados en esta violación flagrante de derechos humanos se sentien en el banquillo de los acusados».
