Los pocos miembros que conserva la Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona continúan atrincherados y ocupando ilegalmente un local situado en los antiguos cuarteles de San Andreu. Tal y como ha podido saber TOT Barcelona de fuentes del Consorcio de la Zona franca (CZFB), los representantes de la entidad han rechazado reiteradamente abandonar este local -de propiedad pública, Adif, el ente gestor de infraestructuras del Estado español, y gestionado por el CZFB- y esperan que sean los juzgados los acaben sentenciando su futuro.
«Se hizo el requerimiento para desalojarlos y el caso sigue en el juzgado un año después», aseguran desde el CZFB, que justo ahora hace un año ofreció a esta entidad de carácter militarista y de apología del franquismo una indemnización de 12.500 euros para que se marchara de un local que está al lado de los pisos donde durante muchos años se alojaron algunos militares. De hecho, el Consorcio planifica derribar toda la finca, y a estas alturas solo queda una familia viviendo. Tal y como ha comprobado TOT Barcelona, las otras tres familias que resistían pagando un alquiler al Consorcio –ved el reportaje– se han marchado este invierno porque se les cortó el suministro de calefacción.
Después de un año en los juzgados, el caso de los Legionarios también indigna a la Asociación de Vecinos de Sant Andreu, que en conversación con este diario denuncia la lentitud de la justicia: «Si fueran una familia vulnerable ya haría tiempo que estarían en la calle y sin ninguna indemnización, pero resulta que son franquistas y están más protegidos por la justicia. Es vergonzoso», exclama su presidente, Santi Serra.
Un local público cedido gratuitamente a nostálgicos del franquismo
Los males vienen de hace casi una década. Era el aó 2014 cuando el Consorcio de la Zona Franca, por razones que se desconocen, cedió gratuitamente a esta asociación de militares retirados el uso de un espacio de 5.000 metros cuadrados que incluyen un local de los antiguos cuarteles de Sant Andreu para sus actividades. Una cesión que el movimiento vecinal consideró injusta e inapropiada, teniendo en cuenta que en el barrio había necesitados sociales y entidades que trabajaban en proyectos más inclusivos y respetuosos que las fiestas de los antiguos legionarios para rendir culto al dictador. Si bien cada vez los miembros de la asociación son menos y más viejos, no han dejado de hacer actos de carácter militar y la fotografía de Franco continúa presidiendo el local.
De hecho, la razón por la cual finalmente el CZFB decidió iniciar el litigio judicial para recuperar el local no tiene que ver con las actividades ideológicas de los Legionarios, sino por un tema urbanístico. Los antiguos cuarteles de Sant Andreu, incluidos los pisos que ocuparon los militares, tienen que derribarse. De hecho, los terrenos, que son de Adif, ya tenían que destinarse a pisos privados y de protección oficial, así como a equipamientos de barrio. Pero la crisis del ladrillo del 2009 lo frenó todo.
Mientras las últimas familias de los cuarteles de Sant Andreu agotan sus fuerzas para permanecer en su casa pagando un alquiler, los exmilitars españoles continúan disfrutando de balde de un local y un gran terreno donde, sin ninguna limitación, pueden exhibir su ideología de ultra-derecha, hacer desfiles militares, ondear banderas preconstitucionales y mantener colgados retratos del dictador. Todo, con dinero del contribuyente, porque los terrenos, insistimos, son de propiedad pública.
La pelota está ahora en la azotea de la justicia, pero han pasado demasiados años antes de estarlo, a causa de las resistencias que ponía el CZFB para denunciar a los Legionarios. Hasta que la presión del vecindario de Sant Andreu y del Ayuntamiento de Barcelona se hizo más fuerte, el Consorcio no inició los trámites para recuperar el local, primero amistosamente -dos entidades que también ocupaban el local de los cuarteles aceptaron en julio del 2021 las indemnizaciones de 9.400 euros cada una para marcharse, la Hermandad de los Caballeros Mutilados y la Hermandad de los Sargentos Mutilados– y después judicialmente.
De hecho, si el CZFB envió un requerimiento judicial fue después de que la Junta de Compensación, donde tiene participación el Ayuntamiento de Barcelona, acordó por escrito que no prolongaría innecesariamente una «ocupación rechazada social y políticamente». Se acordó que se procedería «de forma inmediata, de ser el caso, a la interposición de las acciones que puedan resultar pertinentes, incluso judiciales, contra los ocupantes de las fincas de Torres y Bages, 120 y 122, y proceder a el escombro de sus construcciones”.
Sea como fuere, estos nostálgicos del franquismo, ahora okupas, todavía confían en ganar la guerra judicial y no se marcharán de Sant Andreu hasta que los saquen por la fuerza.
