La Plataforma No a la Copa América intensifica la presión sobre los partidos para desbloquear una investigación del financiamiento de la regata. La organización espera aprobar en la comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlamento de Cataluña, que se celebrará el próximo jueves, un informe de fiscalización sobre las cifras económicas del evento que ocupó el frente marítimo de la ciudad desde agosto hasta mediados de octubre. Así, «instan a los grupos parlamentarios a votar a favor» de esta vigilancia. Tras una serie de reuniones con los partidos que forman parte del hemiciclo -excluyendo a Vox y Aliança Catalana- los activistas constatan «un consenso favorable a la transparencia en la gestión de los fondos públicos» que indicaría que sus posiciones podrían imponerse.
La Plataforma se ha reunido en varias ocasiones con el conjunto de formaciones del hemiciclo desde que presentaron la iniciativa, a principios del mes de octubre. Entonces, los portavoces de la entidad, Ester Jorquera y Albert Valencia, calificaron de «estafa» la competición, y exigieron a los partidos redoblar la vigilancia sobre su financiamiento. Todo esto, pocos días antes de la final de la carrera; y sin haberse confirmado aún la negativa barcelonesa a repetir la experiencia. Un mes y medio después, reiteran la demanda de transparencia -que también han hecho evidente ante Antifrau, que admitió a trámite el pasado 7 de octubre una demanda en este sentido-. El primer paso, sin embargo, es conseguir apoyos parlamentarios en la Sindicatura de Comptes. Negar esta investigación, advierten, «reforzaría las sospechas sobre un posible uso indebido o fraudulento de los fondos» dedicados a la Copa.
«Sospechosos de ocultar información»
En un comunicado emitido este mismo jueves, la Plataforma ha recordado las palabras del alcalde de Barcelona Jaume Collboni, en una intervención en el programa Els Matins de TV3, a favor de una auditoría de este tipo. Sobre este posicionamiento, los activistas exigen «tanto al alcalde como al resto de representantes» que acepten la investigación, en cuanto garantía «de una gestión transparente y responsable de los gastos públicos extraordinarios que ha supuesto el macroevento». Así, señalan a las formaciones que se opongan a la fiscalización de las cifras, advirtiendo que un voto negativo los situaría como «sospechosos de querer ocultar informaciones comprometidas sobre la ya cuestionada inversión pública en la Copa América».
