Barcelona ya tiene una nueva hoja de ruta en términos de seguridad. La Junta Local de Seguridad de la ciudad, en una reunión celebrada este mismo viernes, ha establecido las prioridades a corto plazo de las autoridades, centradas a atacar la multirreincidencia en las calles y garantizar el bienestar de los vecinos y asistentes durante la Copa América de vela. El intendente mayor de la Guardia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, ha presentado un nuevo plan local de seguridad, vigente hasta el 2027, con 280 medidas centradas en la convivencia ciudadana, así como a dirigir las ocupaciones ilegales o los delitos relacionados con la droga. La celebración del torneo náutico es, justo es decir, el gran foco a corto plazo, atendida la elevada afluencia turística que provocará y los riesgos que se abren cuando estos focos de actividad llegan a un entorno concreto. Todo y esta nueva presión Velázquez considera que la capital del país «está preparada» por entomar el reto, dado que «ya tiene mucha experiencia» -como por ejemplo el dispositivo para los Juegos Olímpicos del 92-.

Para garantizar la seguridad durante la competición, los diversos cuerpos policiales que operan en Barcelona preparan herramientas de «coordinación» dentro de un dispositivo diseñado especialmente para cubrir las necesidades de la ciudad durante la Copa América. En este sentido, la Guardia Urbana centrará sus acciones en la movilidad, la seguridad ciudadana y la convivencia, con especial atención en los barrios clave para el buen desarrollo de las actividades portuarias, como por ejemplo la Barceloneta o la zona de la Vila Olímpica. La intervención policial incluirá, apunta Velázquez, «posibles restricciones» con el objetivo de evitar el impacto sobre el día a día de los vecinos de los distritos afectados, garantizando «el acceso a equipaciones sanitarias o educativos» para todos los barceloneses. Más allá del transporte y el acceso a infraestructuras y servicios, la Guardia Urbana reconoce el «reto» de sostener la seguridad ciudadana en un momento de alta tensión. «Tenemos que ser capaces de poner los policías que haga falta en el lugar y el momento y con la intensidad adecuada», remarca. A tal fin, tanto GUB como Mossos d’Esquadra se encuentran «muy enfocados» a actuar sobre los robos, así como los «conflictos de convivencia» relacionados con las conductas incívicas de los turistas o el consumo de alcohol a la vía pública.

Autoridades policiales durante la reunión de la Junta Local de Seguridad de Barcelona / ACN
Autoridades policiales durante la reunión de la Junta Local de Seguridad de Barcelona / ACN

Un plan a largo plazo

Más allá de los efectos de la Copa América, el teniente de alcalde de seguridad Albert Batlle ha destacado la importancia de las 280 medidas recogidas en el nuevo Plan Local de Seguridad, que permanecerá vigente hasta el 2027. En este sentido, Batlle marca retos diversos, entre los cuales destaca reducir la multirreincidencia en la ciudad, reducir los conflictos sociales y las actividades relacionadas con la venta y consumo de estupefacientes y «minimizar» las ocupaciones ilegales. En un marco de elevada presión política contra este fenómeno, especialmente desde el entorno de la extrema derecha, ha recalcado que las ocupaciones son «una preocupación continuada»; y subraya la «necesidad de combatir este fenómeno». La primera solución, asegura, implica activar «los elementos paliativos para aquellas que ponen en peligro la propiedad privada», rechazando que las ocupaciones sean una solución a la crisis residencial que golpea con fuerza los barceloneses.

Más allá de las dos cuestiones centrales, Batlle ha descrito diversas de las líneas que incluye el nuevo plan a medio plazo. En este sentido, prioriza la «convivencia por la noche»; un objetivo para el que, a parecer de la gerente del Área de Seguridad del Consistorio, Maite Casado, hace falta «una mirada diferente». Cuestiones como las intervenciones comunitarias o las medidas alternativas a las multas se han puesto sobre la mesa. También se ha discutido la necesidad de mejorar la atención policial a las víctimas de violencia machista; así como a aquellas personas afectadas por agresiones y otros delitos de odio y discriminación. Más allá de las autoridades especializadas, la reunión ha contado con la participación del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni; así como el consejero de interior Joan Ignasi Elena o el delegado del gobierno español Carlos Prieto.

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