El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto una multa histórica a un propietario por alquilar pisos turísticos ilegales en el centro de la ciudad. En concreto, el ejecutivo encabezado por Jaume Collboni ha sancionado con 420.000 euros a los responsables de la finca ubicada en el número 24 de la calle Ample, en el distrito de Ciutat Vella, por comercializar hasta 14 alojamientos a través de plataformas como Booking y Airbnb sin contar con la autorización pertinente para la actividad turística.
Según la información facilitada por el consistorio este martes, la propiedad alquilaba ilegalmente todos los pisos de la finca afectada a turistas, excepto uno, donde vivía una locataria de renta antigua que es quien gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los huéspedes a los alojamientos. A pesar de tener varios expedientes abiertos, los responsables continuaban con la actividad, hecho que les convierte en unos incumplidores reincidentes y una de las razones que la sanción quiera ser «ejemplar» para evitar casos «muy graves» como este.
«Perjudicaba gravemente al resto de vecinos de la zona», ha indicado el regidor del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, que en declaraciones a la ACN ha hecho referencia a «la expulsión» vecinal que implican este tipo de actividades. «Esperamos que no se repita y sirva como un aviso a quien tenga tentación de hacer una cosa parecida que el Ayuntamiento será implacable», ha remachado.
Una actividad fraudulenta disfrazada
El ejecutivo considera probado que la propiedad ha disfrazado de alquiler tradicional durante años una clara actividad turística sin autorización. Desde el año 2018, los inspectores municipales iban abriendo expedientes y a la vez pidiendo las desactivaciones de los anuncios en las dos plataformas. Durante este tiempo, se pudo constatar, en la línea de la actuación contra los infractores profesionalizados, que se iban desactivando y activando con nombres, fotos y anfitriones diferentes, para evitar la actuación inspectora de la administración. En este periodo, el propietario manifestaba en todos los casos que desconocía el que hacían sus locatarios, y que siempre y en todos los casos le engañaban y utilizaban el piso para realquilarlo a turistas.
Una inspección conjunta entre los inspectores municipales, la Guardia Urbana y el distrito de Ciutat Vella, sin embargo, permitió constatar que en el edificio, formado por planta baja y cuatro plantas de altura y azotea, 14 de las 15 viviendas existentes estaban ocupadas por turistas alojados en pisos sin licencia de alojamiento turístico. Así pues, el consistorio asegura que la actividad de la propiedad estaba «organizada para esquivar la administración y usar de manera fraudulenta las viviendas, sin hacer frente a las obligaciones tributarias que se desprenden del uso turístico y comerciando con el único piso de renta antigua, incorporando su arrendataria a la gestión turística del inmueble».
