Lídia y Eric tenían 25 y 22 años el último día que pisaron el piso que compartían en Sagrada Familia. Ella estudiaba educación infantil y él, integración social. Y los dos ya trabajaban en el mundo de la educación. Pero cuando se les acabó el contrato, la propietaria les quiso subir el precio de 800 a 1.300€, una cantidad demasiado alta para los ingresos que tenian. Así que se fueron a Clot. A pesar del cambio, Lídia explica que pasaron «de pagar 800€ por cuatro habitaciones a 970 por tres, sin contar gastos» y que no encontraron «nada por debajo de 1.000€».
El de Lídia y Eric no es un caso aislado. Daniel, que ahora vive en Cerdanyola con su pareja, pasó por una situación similar. También durante su época de estudiante, alquiló un piso en el centro de Barcelona con dos amigos más. Y su experiencia, la misma. La propietaria –que contaba con cinco immuebles más en aquel bloque–, decidió subir el precio de 850 a 1.420€ de una tacada. «Intentamos renegociar, pero no hubo manera», relata el joven. Ambos casos ejemplifican uno de los fenómenos que más crece en la ciudad de Barcelona: desahucios que se disfrazan de mudanza.
La mitad de mudanzas son «desahucios invisibles»
Cada vez hay más inquilinos que cogen las maletas contra su voluntad. Es más, según una encuesta de la cooperativa Hidra, casi la mitad de las mudanzas del año 2021 (45,8%) a la hora de la verdad fueron producto de un «desahucio invisible». «Hemos normalizado que haya personas que están obligadas a mudarse periódicamente», apunta el portavoz del Sindicado de Inquilinos de Barcelona, Enric Aragonès. La sensación entre los activistas es que este problema se está cronificant. Por eso desde la cooperativa ultiman un nuevo estudio con datos de 2022 con el objetivo de responder a una pregunta clara: ¿habrá cambiado la tendencia durante este último año? «Ahora todavía no se puede asegurar, pero por el que vemos en el día a día, no lo creo», apunta Aragonés.
Hay quién puede pensar que se trata de una cuestión generacional o que afecta solo a personas jóvenes, pero no es así. «El perfil es muy diverso», avisa Aragonés, que ha mediado en casos de personas jóvenes, migrantes, con una situación de vulnerabilidad reconocida o con sueldos por encima de la media. «Yo siempre los digo es que se queden en casa y renegocien el alquiler», apunta. «Es falso que cuando se te acaba el alquiler te pueden echar», añade.
De hecho, el plan que sigue el Sindicato de Inquilinos cuando toca renegociar contratos, bautizado como
Arrendatarios que topan contra una pared
A la práctica, hay casos que la realidad es más tozuda que la teoría. Es el caso del Erika, que hace diez años que vive en el barrio de la Llacuna del Poblenou con su hijo, ahora adolescente. Los dos han visto crecer el plan 22@, una reurbanización que ha revitalizado la zona y ha aumentado considerablemente el valor de los pisos. El caso de este testigo lo ejemplifica a la perfección. Eirka ya va por su tercera prórroga de contrato. A la primera, los 600 euros que pagaba inicialmente se convirtieron en 750, y con la subida del IPC, en 800 o más. Con la pandemia, la prórroga fue automática por ley. Pero a la tercera, que el dicho ya dice que va la vencida, han llegado los problemas.
«Me llegó un burofax con las nuevas condiciones que me ofrecían: 1.100 euros al mes, que equivale a todos mis ingresos, con ayudas incluidas», explica la vecina de San Martín al TOT. «Dije que quería negociar y en pocos minutos me dijeron que la propiedad no estaba dispuesta a hacerlo, que si no cumplía los requisitos desocupara la vivienda». Erika cree que tenían la carta preparada y critica que «ellos no negocian, ellos imponen».
«Me han bloqueado el pago para poderme desahuciar»
Este testimonio relata un montón de trabas burocráticas y excusas por parte del propietario del piso, un fondo de inversión que se ha hecho con buena parte del edificio. «Tengo derecho a pedir un alquiler social, así que entregué toda la documentación que exige la ley», explica. Y cuando parecía que todo estaba a punto, la propiedad le requirió un documento que acreditara el estado vulnerable. «Me costó, pero lo conseguí». Pero tampoco ha sido suficiente. La inquilina continúa esperando, a pesar de que «tienen un máximo de 30 días para darme respuesta». Entregó los papeles el pasado noviembre.
La cosa no acaba aquí. Erika denuncia que no la dejan pagar el piso, cosa que ella nunca ha querido dejar de hacer. «Me han bloqueado el pago», lamenta. Un hecho que atribuye a la estrategia del fondo de inversión. «Supongo que aceptar el pago seria reconocer la rebaja y no vuelan», apunta cabizbaja una vecina que se huele que tarde o temprano podrían utilizarlo «cómo un argumento más para desahuciarme«.
Como Erika hay más vecinas en el barrio y otras zonas de Barcelona. Pero su caso mantiene una particularidad que lo complica todo. Marchar implicaría «destruirlo todo» y por eso tiene previsto resistir hasta el final. Tiene su familia viviendo en el barrio pero «sobre todo es mi hijo». «Estaría dispuesta incluso a cerrar mi negocio y marchar fuera de Barcelona, pero no le puedo hacer esto a mi hijo», dice sin matices. «Es adolescente, todo el mundo sabe cómo de importante es para ellos el entorno», concluye.
¿Tienen solución los desahucios ‘invisibles’?
Para el Sindicato, el problema de Erika explica muy bien el calvario que pasan muchas familias. Un calvario que su portavoz, Enric Aragonès, considera que no acabará sin atacar de pura cepa tres puntos concretos: en primer lugar, una «buena regulación» del precio del alquiler que «no distinga entre grandes y pequeños propietarios»; en segundo, más garantías «para cuando se te acaba el contrato»; y por último, una regulación del alquiler de temporada. Un tema, este último, que da para un tema aparte puesto que es «un vacío legal que no responde a ninguna ley de vivienda».
