El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona vuelve a estar en el punto de mira de las entidades antirracistas. Esta vez, por una nueva denuncia de la Fundación Migra Studium que ha detectado casos de ansiedad, enfermedades mentales «graves», angustia e intentos de suicidio entre los internos. Así lo ha explicado la entidad esta mañana en una rueda de prensa, recogida por ACN, en que ha presentado un informe elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes. La entidad ha recogido el internamiento de 482 personas el 2022, hecho que supone un aumento de 85 internos respecto al año anterior.
La entidad critica las condiciones en que están los internos y lamenta que el CIE de Zona franca sea el que registra internamientos más largos de todo el Estado. Los migrantes se están de media 39 días. El máximo, recuerdan desde Migra Studium, es de 60. Además, de los 62 internos que ha acompañado la fundación, 27 presentaban problemas de salud mental, según han apuntado los responsables del informe, que a la vez critican la desatención de los migrantes. Una voluntaria del centro, de hecho, ha aprovechado la comparecencia para explicar que se ha encontrado casos en que los internos no podían hablar a causa de la dosis de fármacos que se les había suministrado.
Intentos de suicidio
Los problemas de salud mental han aumentado y, según ha apuntado Migra Studium, los intentos de suicidio han proliferado a todos los CIE del Estado. En el caso de Barcelona, el año pasado se activó el protocolo en nueve ocasiones diferentes. La ciudad donde más tentativas ha habido es Madrid, con 27 intentos, seguido de Valencia, con 14. En el conjunto del Estado, la cifra asciende a los 51 intentos de suicidio.
Casos como estos ya han sido denunciados en anteriores ocasiones por diferentes entidades antirracistas, que además lamentan que se haya ampliado los internos. El pasado mes de febrero, más de cien asociaciones diferentes denunciaron conjuntamente la apertura por sorpresa de un módulo de mujeres en Barcelona, 12 de las cuales habían sido sometidas, según estas entidades, a «violentas condiciones de detención».
