La pobreza en Barcelona es mayoritariamente extranjera. El 54,2% de las personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza no nacieron en la capital catalana, mientras que el 84,5% de aquellas que tienen ingresos que superan el doble de la media son de nacionalidad española. Estas son algunas de las conclusiones que se pueden extraer del primer informe del Observatorio de las migraciones y el refugio de Barcelona, un estudio encargado por el Ayuntamiento al Instituto Metrópoli que ha cruzado datos de varias encuestas y análisis para identificar dinámicas migratorias en la ciudad y perfilar mejor las políticas públicas destinadas a este sector de la población.
Esta investigación parte de la premisa de que cerca de un tercio de los barceloneses son de origen extranjero. Los migrantes son la principal razón que explica el crecimiento demográfico en la capital catalana, que si no fuera por la llegada de esta población activa en la plenitud de su actividad laboral sufriría un estancamiento o incluso se situaría en números rojos. A grandes rasgos, los extranjeros que vienen a la ciudad se dividen en dos grupos diferenciados: un grupúsculo que pertenece a la élite económica y que reside principalmente en la zona alta, el Eixample y el frente marítimo; y otro que trabaja principalmente en el proletariado de los servicios, que son la gran mayoría y viven en Ciutat Vella o en la periferia barcelonesa.
Por su procedencia, el estudio indica que los extranjeros ingresan de media salarios casi un 22% más bajos que los ciudadanos españoles, situándose alrededor de los 1.800 euros mensuales. La diferencia se dispara hasta el 34,6% en el caso de las personas provenientes de Asia y Oceanía y hasta el 31,1% en el caso de los africanos. Los ciudadanos extranjeros provenientes de otros países de la Unión Europea cobran de media lo mismo que los españoles, un dato en el que se compensa los salarios altos de los expats y nómadas digitales con las rentas bajas de trabajadores originarios de Europa del Este, por ejemplo. Al otro lado, encontramos a los residentes en Barcelona que provienen de América del Norte, que de media cobran hasta un 44,6% más que los locales, aunque se trata de un grupo reducido que ocupa nichos laborales muy calificados.
La carga del alquiler y sobrecualificación
Si entramos en detalle en el sector laboral, podemos comprobar cómo el 60,5% de las trabajadoras del hogar y los cuidados son extranjeras y en su inmensa mayoría mujeres. Se trata de un colectivo con unas condiciones especialmente precarias y con una escasa cobertura de los derechos sociales. También en el ámbito de la hostelería hay una alta presencia de ciudadanos de nacionalidad extranjera, con un 47% del total. Este segmento de la población con trabajos precarios son los que están más expuestos al riesgo de pobreza, pero, en contra de lo que predican algunos discursos políticos, no son los que reciben más subvenciones por parte de las administraciones. Ayudas públicas como las pensiones de jubilación o los subsidios de desempleo permiten reducir esta vulnerabilidad en más de un 30% en el caso de los barceloneses de nacionalidad española, mientras que solo lo hace en 3,1% en los extranjeros. En el caso de subvenciones de carácter social, la cifra se iguala y permite disminuir el riesgo de pobreza alrededor del 1,7% en ambos casos.
«Tenemos un sistema protector con las personas que tienen un vínculo formal y constante con el mercado laboral. El resto de ciudadanos quedan desprotegidos y deben recurrir a sistemas que tienen una cobertura limitada como la renta garantizada», argumenta al respecto el investigador Albert Sales, uno de los autores del informe. Esta vulnerabilidad no se explica solo por la precarización de los trabajos que desarrollan, sino también por su situación de vivienda o el nivel de formación que son capaces de acreditar. Sobre el domicilio, el estudio indica que el 70% de la población migrante vive de alquiler, mientras que solo el 20% de los nacidos en el Estado lo hace. Los hogares extranjeros destinan el 41,6% de sus ingresos a cubrir el precio de su vivienda y los suministros, en contraposición con el 18,5% que dedican las familias de nacionalidad española.
En cuanto a la preparación, los datos apuntan que un 43,3% de los extranjeros tienen estudios superiores, mientras que solo el 33,9% de los españoles los tiene. Esta situación se explica por un doble factor: que hay un volumen importante de población envejecida autóctona que trabajó en una época en la que se requería menos formación y que los migrantes en muchos casos acaban realizando trabajos para los que están sobrecualificados por las dificultades que tienen para acreditar esa educación superior, reinventándose en muchos casos hacia otros sectores laborales.
Ayudas más allá de la emergencia
La teniente de alcaldía del área de Derechos Sociales, Raquel Gil, subraya la importancia de poder analizar toda la información recogida para poder elaborar políticas públicas más eficientes y romper con ciertos relatos sobre los migrantes que se predican desde ciertos sectores políticos. «Los datos nos explican que las personas que hacen un proceso migratorio lo hacen en busca de oportunidades en el mercado de trabajo y que hay sectores muy precarizados que son el nicho de los ciudadanos extranjeros», señala. A su vez, la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, considera que con este informe queda demostrado que los migrantes son el motor demográfico de la ciudad y que la vivienda tiene un impacto crucial en la economía de estas familias. «El mercado de alquiler a menudo queda fuera de la ecuación o no se contempla lo suficiente, pero la mayor parte de los ingresos se destinan a eso», insiste y lamenta que muchas de estas personas en una situación de vulnerabilidad solo tienen acceso a unas ayudas que son de emergencia y que en la mayoría de casos no son suficientes.
