Última jornada del juicio a cuatro mossos d’esquadra acusados de detención ilegal, lesiones, delito contra la integridad moral y falsedad documental. Un juicio donde un caporal y tres agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) se juegan penas de hasta quince años de prisión. Esta mañana ha sido el turno de la declaración de los tres últimos policías que están acusados, para completar la declaración de uno de los policías a última hora de ayer. De hecho, hoy se ha ensartado al estrado el agente que escribió el atestado y el caporal que ordenó la detención. Es decir, en el argot policial, quien ordenó un «setenta».
La jornada ha sido peculiar en los interrogatorios pero previsible en la respuesta. Las defensas iban muy coordinadas y los Mossos han declarado en sincronía con su relato. Los policías han insistido en el hecho que la «reducción fue de manual» y han justificado los cambios del relato en el informe policial porque había errores que quisieron enmendar. De hecho, el caporal ha recriminado al fiscal que «no puedes pedir exquisitez» en una detención.
Neurociencia, Spiderman y el manual del buen policía han sido coprotagonistas de la jornada. También ha sido el día de las conclusiones con la sorpresa que el ministerio fiscal ha rebajado la petición de pena de casi nueve años a siete y medio de prisión, porque aplica la atenuante de reparación del daño en el delito de lesiones. Ni la acusación particular ni la popular, ejercida por Iridia, han cambiado sus peticiones de pena. Las defensas han pedido la libre absolución, a pesar de que han pedido aplicar atenuantes como por ejemplo legítima defensa o cumplimiento del deber.
Un héroe, dirigiendo el Tropic 113
Los cuatro mozos de escuadra juzgados pertenecen al equipo Trópico 113 que dirigía el caporal que ordenó la detención de Ignacio. En un operativo que las acusaciones han remarcado al definir como un «abuso policial» y, por lo tanto, deudor de una pena por un delito de integridad moral. Los policías han continuado cargando contra la validez del video, del cual no han querido responder ningún tipo de pregunta, y han reivindicado la detención. «Es una reducción de manual», han coincidido. «Fue una reducción muy bien ejecutada», han añadido. Los cuatro policías sostienen que el detenido, ahora víctima y denunciante, se mostraba agresivo y propinó un golpe de pie al caporal. De aquí que hayan justificado apartarlo del grupo y esposarlo con más agentes. De hecho, han admitido que tres policías se pusieron encima.
El fiscal ha otorgado toda la validez del video. Tanto es así que ha reprochado a los policías y las defensas «la esquizofrenia» con el video dado que todos coinciden que la detención cumplía todos los protocolos. Incluso, se han mostrado seguros que se podría poner en la Escuela de Policía de Cataluña como material lectivo de cómo se tiene que hacer una actuación. El caporal responsable de la detención ha explicado todo el proceso del arresto, y ha criticado al fiscal que se pida «exquisitez» y un sistema «quirúrgico» con una detención de esta clase. Así mismo, ha razonado la incoherencia entre el que pasó y el atestado con la «neurociencia», es decir, una cosa es el que pasó del cierto y el otro el que la gente percibió.
En este punto, el fiscal ha exigido saber por qué no pidieron testigos. Una pregunta que ha hecho saltar como un muelle el presidente del Tribunal, Jaume Grau, recordándole que nunca ha visto en los juicios de desobediencia o atentado que la fiscalía pida otros testigos que no sean los policías. Una fina ironía que el ministerio público ha admitido a la primera y ha retirado la embestida. Siguiendo este hilo de interrogatorios, el abogado de la defensa del caporal, José María Fuster Fabra, ha aprovechado la declaración de uno de los agentes para presentar su defendido como un «héroe». Actualmente, el agente declarante está destinado en Blanes donde había estado durante muchos años el caporal, donde tiene reconocimientos a las paredes de la comisaría. En este punto, ha sido cuando ha explicado su historia bautizada cómo «Spiderman» porque escaló una pared de cuatro pisos para rescatar una mujer grande y su hijo con minusvalidez en un edificio en llamas.
«Sort que se grabó»
La acusación particular, a la que no han respondido los acusados, ha pedido al tribunal no aplicar la atenuante del daño causado, porque el ingreso de 3.400 euros se ha hecho a última hora, tres años y cuatro meses después de los hechos. Además de considerar que es una cantidad irrisoria porque esta acusación reclamaba 40.000 euros. La fiscalía ha fijado la indemnización en 2.400 euros más dos mil euros por daños morales.
La acusación particular ha argumentado que no fue posible pedir un habeas corpus, porque el cliente lo apresuraba para salir en libertad y ha negado que hiciera ningún golpe de pie o bofetada. «Mi cliente no hizo nada, nadie lo vio», ha enfatizado para dirigirse a la sala que el caso fue doble condición. Es decir, con su cliente, como imputado que, finalmente, la jueza de instrucción archivó. Así mismo, ha mostrado su inquietud por la complicidad de los compañeros de los acusados y sus mandos.
«La DAI intervino cuando el video se hizo viral, no cuando el mando vio los hechos», ha detallado. Todavía más, tanto el fiscal como la abogada de la acusación y de la víctima, han admitido que suerte del video porque si no, con el atestado habría sido objeto de una sentencia condenatoria. «La conducta de los policías ha intoxicado todo», ha clamado la abogada en una exposición brillante. «Fue un acto tiránico», ha concluido. Una actuación «desproporcionada» y «gratuita», atendido el informe de Iridia que ha apuntado lo «sesgo racista» de la actuación, por el hacer que la víctima es latinoamericano.
