El cierre precipitado de una guardería no es solo un problema logístico para las familias, también supone un golpe en la educación del niño. Lo han constatado las familias de Sant Andreu que confiaban la educación de sus hijos a la escuela Les Manetes, que ha cerrado de repente. Cristiana Pinar, una de las madres afectadas, recuerda que las guarderías ya no se entienden como un espacio “donde guardar niños” sino como una “herramienta educativa” más. “Seguimos visitando centros, pero aún no hemos encontrado uno que nos encaje, y eso también te quita mucho tiempo”, explica. La situación no es esperanzadora: encontrar ahora una guardería implicaría sacar horas de debajo de las piedras para poder acompañar al niño en un nuevo proceso de adaptación, que se alargaría unas cuantas semanas justo cuando el curso está a punto de acabar. “Lo que nos ha pasado es una fuente de complicaciones para padres e hijos”.
El final de Les Manetes puede ser el inicio de una lista más larga. En estos momentos, hay dos guarderías, Sol Solet y Àgora, ambas en el Eixample, que han expresado su voluntad de adherirse a la red de guarderías municipales. Son dos cooperativas que apuestan por “fortalecer la pedagogía” bajando ratios y reforzando el personal y sus condiciones. Hace casi dos décadas, desde la crisis de 2008, que encadenan obstáculos; sufren el encarecimiento del alquiler, que ha crecido vertiginosamente con la especulación, y de los gastos de la Seguridad Social de los trabajadores. Lo explican al Tot Barcelona dos de las referentes; Anna Alario, maestra de Àgora, y Laia Caballé, de Sol Solet. “Muchas de nuestras familias tenían trabajos en sectores económicos liberales, y con la crisis prescindieron de la guardería. También se nos recortaron las subvenciones y hemos tenido que aumentar bastante las cuotas, que es lo que no queremos”.
Las maestras de estas dos cooperativas recuerdan que el servicio en la pública ahora es gratuito en I2 -el próximo curso podría ser gratuito también I1- y que hay mucha “desigualdad” entre las cuotas de la pública y la privada. Este hecho, dicen, les impide tener un “negocio rentable” si la apuesta es, como quieren, mantener ratios bajas y dos educadores por aula. “En el caso de Sol Solet tenemos una póliza de crédito y hasta que no recibes la subvención de Enseñanza vamos con el agua al cuello”, incide Laia. Anna añade: “Y trabajamos más horas que un ventilador, muchos años con sueldos de mileurista, a pesar de que el negocio es nuestro”. Además, lamentan que todo ello genera inestabilidad en los equipos docentes, un argumento más para justificar su adhesión. “Hay niños, en centros privados, que han tenido dos y tres educadoras diferentes en un solo curso”.
La nueva norma, en estudio
Los últimos dos cursos, el Ayuntamiento solo ha podido dar respuesta al 55% de las solicitudes, lo que implica dejar casi a la mitad de las familias en manos de las guarderías privadas. Durante la preinscripción de este año se solicitaron un total de 8.291 plazas para acceder a una guardería pública, de las cuales solo se asignaron 4.582. Los datos son variados según los barrios; la cobertura es bastante más baja en el Eixample (37,2%), Gràcia (45%) y Sants-Montjuïc (47,2%), porque el Ayuntamiento ha preferido reforzar las zonas “más vulnerables”, según explicó el consistorio el verano pasado. El Ayuntamiento es “consciente” de las cifras y tiene previsto inaugurar tres centros y una ampliación antes de acabar el mandato -los Comuns le reprochan que ellos dejaron 10 proyectados-, lo que sumaría un total de 108 equipamientos en Barcelona y unas 9.200 plazas públicas.
En todo caso, la conclusión es clara: con la construcción no será suficiente para cubrir la demanda existente, más ahora que se está haciendo gratuita parte de la educación preinfantil y el sector privado está en crisis. Por eso la comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento ha abierto la puerta a integrar escuelas privadas a la red de centros públicos. Una iniciativa que los Comuns batallan desde el mandato pasado y que el actual concejal de Educación, el socialista Lluís Rabell, ha abrazado: “Hay que encontrar los medios y los caminos para ampliar la red de guarderías, con la construcción propia y también incorporándolas mediante otras vías”. La iniciativa también cuenta con el apoyo de ERC y Junts, si bien los ‘juntaires’ quieren revisar las condiciones e “intensificar” las conversaciones con el sector antes de ejecutarla. El calendario expuesto por el gobierno municipal sitúa la aprobación definitiva en octubre próximo, pero no sería la primera vez que la normativa se guarda antes de tiempo en un cajón.
La Coordinadora de guarderías de Cataluña, representada en este proceso por Anna Alario, ve argumentos de peso para sacar adelante la norma. Más crítica es la Asociación Catalana de Guarderías, que en todo caso tampoco se opone frontalmente. Su presidenta, Conxita Pericó, comparte parte de la preocupación que exponían anteriormente las dos cooperativistas, pero advierte que la regulación nace con deberes pendientes. “No es la única alternativa al problema y tampoco la ideal, porque no todas las guarderías con dificultades podrán acogerse a ella”, comenta. De hecho, la entidad ya recurrió la normativa durante el mandato de Ada Colau porque “exigía tantas cosas que era imposible que una guardería antigua de Barcelona reuniera las condiciones”. Pericó admite que habrá que esperar las nuevas conversaciones entre los grupos municipales antes de volver a posicionarse, pero de entrada pide cambios que “faciliten esta integración” y la “continuidad” del proyecto educativo concertado de los centros que pasen a ser titularidad del Ayuntamiento.
¿Qué dice la regulación?
La regulación llegaría para paliar los problemas de construcción -se ha frenado por el encarecimiento de los materiales y la dificultad de encontrar suelo libre en Barcelona-, pero en ningún caso como alternativa. El eje base de todo radica en la voluntariedad del centro. Esta herramienta no permitiría al Ayuntamiento expropiar guarderías privadas, sino que es una opción que estas tendrían a su alcance si sufren dificultades económicas. Grandes ciudades como L’Hospitalet de Llobregat ya están implementando normativas similares, que se inspiran en el Decreto ley de la Generalitat que permite integrar centros educativos privados a la red de titularidad pública. El preámbulo de la normativa -por ahora solo un borrador- detalla que, aunque este decreto no es de aplicación para centros de guardería, “la situación y las necesidades de interés público que motivaron su promulgación se constatan también en estos casos”.
El borrador presentado por los Comuns, el cual ha podido consultar este diario, expone que el Ayuntamiento debería estudiar las propuestas de integración en un plazo de seis meses y que la adhesión no será efectiva “hasta que no se formalice el convenio con la Generalitat para integrarlo en la red de guarderías de titularidad pública”. Con el cambio se mantendrían los maestros con contratos indefinidos y que disponen de las titulaciones exigidas por el Ayuntamiento en sus guarderías. El mismo texto menciona que en aquellos casos que no se cumplan los requisitos “se deben resolver con anterioridad al eventual acuerdo de subrogación”. La adhesión al servicio de escuelas municipales, que en ningún caso dejará fuera al alumnado inscrito en el centro, se comenzaría a desplegar al inicio del curso siguiente.
