La sección octava de la Audiencia de Barcelona ha celebrado este miércoles por la mañana una intensa vista oral por un delito de odio por la presunta catalanofobia de dos guardias civiles destinados en el aeropuerto del Prat. Los hechos se remontan al 9 de diciembre de 2019, cuando un ciudadano flamenco, Kris, que se dirigía a tomar un vuelo a Bruselas, fue obligado a levantarse la camisa porque el arco de seguridad detectó un objeto. El objeto en cuestión era una bolsa recolectora como consecuencia de una operación de cáncer de colon.
Según la acusación particular -dirigida por el despacho Molins en nombre de Plataforma per la Llengua-, los agentes de la Guardia Civil que fueron requeridos a actuar exigieron que el denunciante se expresara en español, a pesar de que él les decía que no conocía el idioma y sólo sabía catalán. A partir de ahí, Kris sufrió una pesadilla: lo encerraron en una sala y le hicieron bajar los pantalones. Por si fuera poco, lo denunciaron por dos infracciones administrativas y lo hicieron bajar del avión, una vez ya había entrado, después de haber superado todos los controles. L’Estat es conjura per protegir els guàrdies civils jutjats per catalanofòbia
Guardias de seguridad «nativos», según un guardia civil que llevaba 10 años viviendo en Cataluña
Los dos agentes están acusados de delitos de odio, coacciones y falsedad en documento oficial, unos delitos para los que la acusación particular pide una pena de hasta 6 años y dos meses de prisión y la Abogacía del Estado y la fiscalía, en cambio, piden la absolución. En su declaración, uno de los guardias civiles acusados, un cabo, ha admitido que «no entendía» lo que Kris le decía y que ellos solo hablaban español. Y ha relatado que llamaron a compañeros que hablaran inglés o francés, porque nadie sabía catalán. De hecho, ha reconocido que no buscaron a nadie que hablara catalán.
Aunque, también ha asegurado que Kris tampoco quería entender lo que le decían en catalán, porque los guardias de seguridad lo sabían, porque «son nativos», y tampoco les hizo caso. «Nativo», un concepto arriesgado y muy interpretable que el cabo ha repetido varias veces y que ha turbado al tribunal al escucharlo de la voz de un guardia civil acusado de delito de odio contra un catalanohablante. Un guardia civil que llevaba en Cataluña 10 años –ahora lleva 17 años– y que todavía no entiende el catalán.
Un juicio en castellano
Desde el comienzo del juicio, ya se ha constatado el sesgo que sufren los catalanohablantes cuando entran en una sala de vistas. A Kris, que ya no vive en Cataluña desde 2021, ha visto cómo el tribunal presidido por la magistrada Mercedes Armas, catalanohablante, se dirigía a él en castellano y le hacía las preguntas generales de la ley a través de un esforzado intérprete, y la fiscalía –que llegó tarde– también se dirigía a él en castellano a pesar de conocer perfectamente la lengua catalana.
Cabe decir que la fiscalía no solo no acusa, sino que ha reforzado el equipo de defensa de los dos guardias civiles denunciados, formado por dos abogados del Estado, José Pagès y Jesús González. Afortunadamente, Pagès se ha jactado de hablar catalán y le ha hecho el interrogatorio en catalán con un «no se preocupe». En resumen, tres abogados para los guardias civiles y unos togados dispuestos a presionar a la víctima hasta reducir los hechos a una anécdota de sitcom que hizo muy poca gracia al denunciante, que tuvo que quedarse en tierra, sin tomar el avión que tenía que tomar.
La presidenta del tribunal se ha esforzado en resumir los hechos preguntando directamente a la víctima, hasta el punto de que el público dudaba de si era Kris quien declaraba o bien la magistrada Armas. La conclusión de la vista es que el sistema de controles de los aeropuertos colisiona con un sistema saludable de derechos y con el sentido común, y que cualquier persona que reivindica el uso normal del catalán tiene las de perder ante los tribunales.
Dos vigilantes de seguridad
Kris ha sido el primero en declarar, como testigo. Un interrogatorio que ha servido para explicar su versión de los hechos. Kris es un ciudadano residente en Brujas que vivía en Bigues i Riells, en el Vallès Oriental, entre 2015 y 2021, cuando aprendió catalán. Una lengua que se suma a su poliglotismo, porque habla flamenco, francés, inglés y alemán. De todos modos, ha recordado que hace cinco años que no habla con continuidad el catalán y que ha perdido lengua. También se ha encargado de hacer memoria, con una exclamación suficientemente clara, que los hechos ocurrieron hace siete años.
Según su testimonio, iba a tomar un vuelo a Bruselas cuando al pasar por el arco metálico y los guardias de seguridad vieron que llevaba un objeto bajo la ropa. Explicó, en catalán, que llevaba un ano contra natura, pero el vigilante le replicaba que solo hablaba castellano. Los vigilantes vieron la bolsa porque él se la mostró. En todo caso, le pidieron que no lo hiciera y que esperara a la Guardia Civil en una sala aparte, porque también podría ser un «arma de porcelana». Pero, eso sí, le hicieron unas pruebas de explosivos porque lo marca el protocolo.
Los dos guardias de seguridad que han testificado, Cristian y Edgar, que hablaban del señor Kris como si fuera un yihadista, han descrito que estaba «nervioso y alterado» y le han acusado de no conocer los protocolos de seguridad, como si fuera su obligación. De hecho, han sido dos testigos bastante cuidadosos con los ‘compañeros’ con quienes trabajan cada día. Sin embargo, han admitido que en ningún caso se detuvo el paso del arco de seguridad ni se colapsó el área de control.
Llega la Guardia Civil
Llegaron los dos guardias civiles acusados, una agente y un cabo, y advirtieron a Kris, cuando dijo que no sabía castellano, que «Estamos en España y aquí se habla español«. Kris ha narrado que les comunicó que sabía flamenco, francés, inglés, alemán y catalán y que elegía el catalán porque estaban en Cataluña. Lo hicieron pasar a una sala, con seis agentes más, donde escuchó la expresión «Este hoy no vuela«. Dentro de la sala, un guardia civil se dirigió a él en francés, pero no tenía suficiente nivel para mantener un mínimo «diálogo», hecho que ha negado el guardia civil, que decía saber suficiente el idioma. Le hicieron quitarse la camisa, lo descalzaron y le bajaron los pantalones para comprobar la bolsa. Le registraron las maletas y le entregaron dos denuncias, que posteriormente fueron archivadas, por desobediencia y alterar el orden. Fue hacia el vuelo y, una vez dentro de la aeronave, la tripulación lo hizo bajar. «Me sentí herido como ser humano», ha reprochado.
Especialmente interesantes han sido dos testimonios. Por un lado, la jefa de servicio, una guardia civil que ha confesado que el señor Kris «hablaba en un idioma que no entendía» y que estaba nervioso y hacía «gestos». Un hecho que ha justificado que se le denunciara y que, además, se avisara a la compañía que había un pasajero que había alterado la seguridad de la zona de control. La jefa de servicio no ha podido decir quién avisó a la compañía, porque tanto lo hace la Guardia Civil como la seguridad privada. Y aquí es donde ha entrado el segundo testimonio, el agente que sabía francés, que ha admitido que «podría ser» que hubiera sido él quien llamó a la compañía. «¿Por qué no lo detuvieron, si estaba tan alterado para avisar a la compañía?», ha sido una de las preguntas clave de Laia Homs, letrada de Kris. La respuesta se ha hecho esperar: «No había motivos para detenerlo». En todo el episodio, Kris estuvo retenido durante dos horas.
Vídeos y conclusiones
El tramo final de la prueba han sido los vídeos de la grabación del control de seguridad, donde en ningún momento se ha podido ver que Kris mostrara ninguna señal de nervios o gestos que justificaran ni las dos denuncias que recibió ni que se avisara a la compañía aérea del riesgo que suponía mantenerlo en un vuelo. De hecho, en ningún momento, y según las imágenes, ni se generó cola en la zona de control. Cabe decir que los hechos se registraron a las cuatro y media de la madrugada del 9 de diciembre de 2019, cuando aún coleaban las manifestaciones de Tsunami Democràtic por la sentencia del Procés.
En última instancia, los acusados han declarado los últimos y han cometido bastantes contradicciones, porque justo hacía una hora que el tribunal había visionado las imágenes de todo el episodio. El primero en sentarse en el estrado ha sido el cabo que fue requerido por la seguridad privada, que ha insistido en el guion: que el denunciante estaba «alterado», «nervioso», «sin hacer caso» y «vociferando». El guardia civil ha admitido también que solo habla español y que no sabía catalán y, por tanto, «no entendía» a Kris cuando hablaba. Ha añadido que intentaron hablarle en francés y en inglés, pero ha asegurado que el «problema es que Kris no quería ningún entendimiento».
Asimismo, ha remarcado que intentó marcharse y que «tiró una chaqueta sobre los rodillos de la cinta de los controles». Una conducta que el acusado ha calificado de «violenta». Pero, el guardia civil también ha tenido que reconocer que en la sala donde lo inspeccionaron entraron miembros femeninos de la Guardia Civil, que no pueden registrar a hombres, y que avisó a la compañía aérea. También ha incurrido en errores, como afirmar que Kris le dio un pasaporte para identificarse, pero Kris había aseverado que no tenía ni tiene pasaporte. El guardia civil también ha remarcado que lo retuvieron porque «quería irse» y sospechaban que estaba haciendo el número para despistar que llevaba algo ilegal en el equipaje, en un contexto de «nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista». Kris tenía entonces 66 años. El otro agente ha repetido el guion de su cabo, pero aduciendo detalles como que «no cometió ninguna diligencia grave».
Modificación de las penas solicitadas
Pero las imágenes han chocado con el relato de los policías, tal como ha constatado la abogada de Kris en su informe final, así como el hecho de que «nunca se buscó a nadie que hiciera de intérprete en catalán, y, en cambio, sí que se le dirigieron en francés o en inglés». «Si Kris hubiera hablado español, no habría sufrido este episodio», ha concluido la letrada. Y ha recordado el contexto político del momento. «Aprovecharon el hecho de la bolsa recolectora para humillarlo por haber hablado en catalán» ha argumentado para justificar la petición de pena por el delito de odio.
Finalmente, en las conclusiones, la acusación particular ha solicitado una pena de 16 meses de prisión por un delito de odio y una multa de 3.000 euros, y subsidiariamente, ha reclamado una pena de 2 años de prisión por un delito contra la integridad moral; 3 años de prisión y 1.800 euros de multa por falsedad en documento y 22 meses por un delito de coacciones y subsidiariamente un delito cometido por funcionario público contra los derechos civiles con un año de inhabilitación para cargo público. El ministerio fiscal considera que no se ha acreditado ninguno de los hechos susceptibles de ser delito, de la misma manera que lo ha concluido la abogacía del Estado, por lo que ambos han solicitado la libre absolución de los guardias civiles acusados.
