Las entidades memorialistas y de derechos humanos han exigido formalmente al Estado que la conversión de la prefectura de Via Laietana en un espacio de memoria “no sea un gesto simbólico”. Una decena de agrupaciones, entre las que se encuentran Irídia, Òmnium Cultural y la Comissió de la Dignitat, insisten en pedir el “cese inmediato” de toda la actividad policial, y acusan al Gobierno de Salvador Illa y al alcalde Jaume Collboni de ser “cómplices” de la decisión del también socialista Fernando Grande-Marlaska, al frente del ministerio de Interior y contrario a reubicar la Policía Nacional. “Policía y centro de memoria no pueden convivir bajo el mismo techo”, ha insistido Pilar Rebaque, miembro de la Comissió de la Dignitat, en una rueda de prensa esta mañana en la prisión Modelo.
Las entidades cuestionan que la conversión que propone el PSOE se limita “a poner una señalización como las que ya existen y han sido vandalizadas”. En este sentido, los colectivos pro derechos humanos han presentado doce alegaciones a la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha iniciado el procedimiento para convertir la comisaría en un espacio de memoria. Más allá de pedir un centro de memoria “en exclusiva y sin uso compartido con dependencias policiales”, las entidades también reclaman la transferencia del edificio a la Generalitat de Catalunya, “como administración responsable de las políticas de memoria democráticas”. El optimismo, en todo caso, es escaso. “En privado, todos los partidos nos dicen que tenemos razón, pero siempre está el tapón de Marlaska y de los sindicatos policiales”, ha lamentado Rebaque.
Las entidades han señalado la “gran hipocresía” del PSOE y sus gobiernos, que “se erigen en defensores de la memoria democrática, pero no hacen políticas concretas”. “Les tiembla el pulso a la hora de enfrentarse a ciertos poderes del Estado como la Policía Nacional y determinados sindicatos”, ha detallado el presidente del Ateneu Memòria Popular, Toni Coll. El activista ha calificado de “inaceptable” la poca presión socialista sobre sus compañeros de Madrid y ha recordado que ya hace 50 años de la muerte del dictador. “Una democracia consolidada no puede permitir que un espacio marcado por la represión continúe siendo un espacio policial. Y más con la extrema derecha en alza, que se apropiará de la falta de memoria”, ha añadido Rebaque.
El ministerio dirigido por Marlaska defiende argumentos de carácter técnico y logístico para frenar el traslado de los policías, pero las entidades recuerdan que en 2011 la Policía Nacional inauguró el nuevo gran centro de operaciones en el barrio de la Verneda. El espacio tiene más de 30.000 metros cuadrados y actualmente alberga la Prefectura de la Policía Nacional. «No existe ningún impedimento funcional ni operativo para proceder a la desafectación total de los usos policiales del inmueble de Via Laietana, 43», exponen los colectivos en el documento de alegaciones.
Las entidades también piden que el texto recoja las torturas que se realizaron durante el período de la Transición española, porque “la impunidad se prolongó durante años después de la muerte del dictador”, y que se incorpore “la voz de las víctimas” en el proyecto de memoria de Via Laietana. “No puede ser un proyecto hecho desde los despachos”, han insistido poco después de lamentar “que no hay ningún resultado” a pesar de haberse reunido con todos los grupos políticos partidarios de una renovación completa del edificio.
Concentración el 23 de noviembre
Hace dos décadas que las víctimas del franquismo piden una conversión real de Via Laietana en un espacio de memoria democrática que repare el daño de las víctimas torturadas por el régimen. “Cataluña no puede quedarse atrás. Es un deber moral y democrático con todas las personas que sufrieron torturas y con las generaciones futuras”, ha manifestado Coll. Los colectivos partidarios de la resignificación del edificio han hecho un “llamado a la ciudadanía” para unirse a la concentración que harán el 23 de noviembre frente a Via Laietana. Más de 240 entidades ya han firmado el manifiesto para pedir una conversión completa del edificio, que también cuenta con el apoyo de una cuarentena de ayuntamientos.
