«Os comunicamos que a partir de este julio cambiaremos provisionalmente nuestra sede social de la calle Balari i Jovany a la calle Residència». Es uno de los anuncios más esperados en la Asociación de Vecinos de Sant Andreu de Palomar, una de las más grandes de Barcelona. Hacía años que pedían al Ayuntamiento una salida asequible a la actual sede. La entidad no había conseguido llegar a un acuerdo con el propietario, que les exige un alquiler cercano a los 900 euros mensuales. La asociación no podía asumirlo y ha ido acumulando deudas en estos años pasados. Desde la entidad recuerdan que pocas entidades pagan estas cantidades por un edificio que está «en condiciones deplorables».
«Somos muy probablemente la única o de las pocas asociaciones de vecinos de la ciudad de Barcelona que hoy en día todavía están en un local de alquiler, el resto están en espacios cedidos por parte del Ayuntamiento», recuerdan desde la junta. La entidad explica al TOT Barcelona que el nuevo espacio es municipal y que pasarán a pagar una cantidad «simbólica» al Ayuntamiento de forma anual. La entidad apunta que el cambio a la calle de Residència es una solución que «puntualmente puede ser viable» mientras se espera que el Ayuntamiento termine expropiando la que hasta ahora ha sido su sede social, bien conectada al centro del pueblo antiguo de Sant Andreu de Palomar. «Si el distrito la expropia y hace las reformas pertinentes, podríamos permanecer en un espacio de tiempo razonablemente corto», explica la junta en un comunicado a los socios.
Una alternativa largamente reclamada
En febrero del año pasado, la entidad explicó al Tot Barcelona que la situación era «insostenible». El espacio de reunión habitual no tiene calefacción y cada vez les resultaba más difícil mantener los cursos que promueve la asociación. “Tal como está el edificio, [el propietario] no lo podrá alquilar a nadie, como mucho le entrarán ocupas, pero a la propiedad le da igual”, se quejaba entonces el presidente de la entidad, Miquel Ruiz. La opción preferida de los vecinos sigue siendo la expropiación del inmueble, una salida que la entidad lleva una década pidiendo al distrito.
Durante todos estos años, la asociación ha ido acumulando una deuda con la propiedad de la actual sede que supera los 6.000 euros. Un problema prolongado en el tiempo que les obligó a suspender el lanzamiento de la revista Cap a Peu en papel. Una decisión dolorosa, tratándose de la publicación en catalán más antigua de la ciudad. La entidad se ha limitado a distribuir la revista que habla de la fiesta mayor, en el mes de diciembre, y ha continuado haciendo el resto de publicaciones por internet.
