La comisión de derechos sociales era quizás la última carta del comedor social de la Terrasseta para prolongar el apoyo financiero que ha recibido las últimas dos décadas –desde el año 2000– del Ayuntamiento. Pero al final ha acabado siendo la constatación de un cambio de rumbo que augura un futuro crítico para el comedor, un proyecto pionero en el barrio de Gràcia que ofrece cenas a personas alcohólicas. El ejecutivo ahora liderado por Jaume Collboni confirmó el martes, en esta misma comisión, que no tiene intención de continuar con el contrato que subvenciona parte de los gastos del proyecto –encabezado por la asociación Rauxa– alegando que se está haciendo «una mejora» del servicio de comedores que les obliga a pasar todos estos proyectos por una licitación.
La comisionada de acción social del gobierno socialista, Sònia Fuertes, ha insistido en la idea de que el Ayuntamiento trasladó a la entidad la obligatoriedad de pasar por un concurso público. Una versión que choca con la entidad, que alega que el aviso llegó con «solo siete días de margen» y que no tuvieron tiempo de preparar una candidatura. La entidad también critica que se facilite la gestión de los comedores sociales a empresas multinacionales –el concurso lo ha ganado Aramark, una multinacional dedicada a los catering– y, en cambio, que dificulte el día a día de proyectos como la Terrasseta, que juegan un papel clave en la «inserción social y laboral» de personas alcohólicas. La mayoría de trabajadores de este comedor, que tiene dos trabajadores sociales, son personas alcohólicas rehabilitadas.
La comparecencia de Fuertes viene marcada por la petición de BComú y Junts en la comisión de derechos sociales. Los dos grupos instaron al Ayuntamiento a rectificar, sin éxito en sus demandas principales. «Rauxa hace muchos años que presta este servicio, sobre todo hay que garantizar la continuidad del acompañamiento a la entidad», apuntó en su turno la concejala de los Comuns, Carol Recio. En nombre de Junts, Neus Munté también destacó la «singularidad» de la Terrasseta y puso de manifiesto la necesidad de «garantizar la atención a los usuarios».
A pesar de la petición de comunes y juntaires, el ejecutivo socialista diferencia el servicio de comedor del proyecto de inserción de la asociación Rauxa. «Desde este ámbito [inserción] sí que podemos colaborar y contribuir a realizar esta tarea», insiste la comisionada, remarcando, en todo caso, que no darán marcha atrás en la decisión de terminar con la financiación «porque el comedor social ya ha sido adjudicado».
Las explicaciones del Ayuntamiento, una operación de maquillaje «absurda»
Las explicaciones que la comisionada de acción social dio a la comisión no han sorprendido a Rauxa, que continúa sin entender por qué hay que terminar con un contrato que no había generado ningún tipo de problema. La doctora Maria Lluïsa Marín, buque insignia de la entidad, ve las llamadas a la colaboración del Ayuntamiento, que se ofrece a cooperar en la reinserción social y laboral de los usuarios de Rauxa, como una operación de «maquillaje absurdo» por la negativa a financiar el comedor social. «La ley que ampara el contrato especial de la Terrasseta está vigente y las leyes europeas nunca irán en contra de una actividad como esta», insiste la doctora en declaraciones al TOT Barcelona.
A pesar del revés económico que supone perder el contrato, la entidad no tiene previsto dejar de ofrecer cenas en el local de Gràcia. La misma doctora Marín explicaba a este diario, semanas atrás, que intentarán sobrevivir los próximos años con ayudas externas, de simpatizantes y empresas privadas, y que intentarán optar al concurso público cuando vuelva a salir. Decenas de entidades del sector social y docentes de la Universidad de Barcelona especializados en drogodependencias también habían pedido al Ayuntamiento una rectificación.
