El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compareció esta mañana para dar más detalles sobre la compra de la Casa Orsola después de que el Ayuntamiento y la entidad del Tercer Sector Hàbitat 3 alcanzaron un acuerdo con el fondo Lioness Inversions para comprarla, a través de una fórmula social colaborativa, en el marco de un proceso de mediación llevado a cabo por el Síndic de Barcelona. La compra del edificio por parte del Ayuntamiento, que se ha cerrado por 9,2 millones de euros, según informó el alcalde de la capital catalana, permitirá cerrar el conflicto entre la propiedad y los vecinos, que afecta a esta finca centenaria del Eixample desde hace años. Con esta operación se detienen todos los desalojos y los vecinos no tendrán que irse del edificio. “Es una compra de la ciudad de Barcelona”, subrayó.
Collboni destacó en rueda de prensa que la operación se ha cerrado un 30% por debajo del precio de compra que hay en el Eixample y detalló que Hàbitat 3 asumirá el 51,4%, la parte mayoritaria de la finca, y el Ayuntamiento asumirá el 48,6%. Además, el coste total se reparte en dos partes: 4,3 millones que asume Hàbitat 3 y 4,8 por parte del ayuntamiento. En este sentido, el alcalde de Barcelona destacó que «el precio que paga el Ayuntamiento es inferior al precio que se descartó en el año 2021, ya que entonces el precio de la operación de tanteo y retracto estaba fijado en 5,2 millones». «Otra diferencia con la situación que se descartó en el año 2021 es que entonces no había pisos vacíos y ahora, a corto plazo, ya podremos disponer de nueve pisos que pondremos a disposición de la bolsa de alquiler asequible de la ciudad», añadió.
Así, el alcalde anunció que «ningún inquilino tendrá que irse y todos los pisos pasarán a ser gestionados como vivienda social y asequible por Hàbitat 3» y presumió de llevar a cabo una «operación pionera gracias a una nueva fórmula: la compra social colaborativa». «Es un anuncio muy esperado en la ciudad y en todo el país», dijo al comenzar su comparecencia. «Convertiremos todo el edificio en pisos de alquiler asequible», y señaló que no han tenido que esperar al procedimiento de tanteo y retracto gracias a la disposición de Hàbitat 3 para hacer esta compra conjunta y la disposición de la propiedad a vender.
El Sindicato de Inquilinos critica la compra
El Sindicato de Inquilinas, por su parte, ha criticado la compra del Ayuntamiento porque «ha negociado a espaldas de los inquilinos y del Sindicato para garantizar que el especulador no perdiera ni un euro». «El gobierno municipal pagará 9,2 millones de euros a Albert Ollé, rescatándolo y premiándolo después de años de intentar expulsar a los vecinos», lamentan en un comunicado, donde denuncian un «acuerdo opaco» que «no solo blanquea el negocio de la especulación, sino que se hace de la mano de Carme Trilla, con quien Jaume Collboni quiere desmantelar la medida del 30%».
«Mientras se hacen la foto con la Casa Orsola, están trabajando para eliminar una de las pocas herramientas que frena la especulación y protege el derecho a la vivienda en la ciudad de Barcelona», sentencia. A pesar de todo, el sindicato considera que el fin de la amenaza de desalojo de los vecinos de la Casa Orsola «es una victoria de todo el movimiento por la vivienda y de todas las personas que se han movilizado sin descanso para hacerlo posible».
Colau tuvo la opción de comprar la Casa Orsola por 6 millones de euros
El Ayuntamiento de la capital catalana, en la época de Ada Colau como alcaldesa, descartó en el año 2021 la compra de la finca por seis millones de euros, tres por debajo del precio de mercado, a los cuales se debía sumar medio millón más en rehabilitaciones. Así lo explicó el TOT Barcelona, que también detalló que se llegó a hacer una inspección del edificio. No obstante, la presidenta del grupo de los Comunes en el Parlamento, Jéssica Albiach, ha calificado la compra por parte del consistorio como una «victoria de la ciudadanía organizada». «Los vecinos, las vecinas, el Sindicato, han ganado la batalla», destacó en un comentario en la red social X. Con todo, ha reclamado «continuar trabajando para hacer fuera los fondos buitre» e impulsar soluciones estructurales que garanticen el derecho fundamental de acceso a la vivienda.
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