La Universitat de Barcelona (UB) ha decidido suspender de funciones al catedrático emérito Ramón Flecha por las denuncias de acoso sexual de varias estudiantes universitarias. El centro ha recibido al menos once testimonios que relatan conductas “muy graves” de carácter sexual, vejatorias e intimidatorias que, “si se confirman, podrían ser delictivas”. La UB ha abierto una investigación interna tras conocer por la prensa la denuncia de las presuntas víctimas, con quienes se puso en contacto. El 11 de julio recibieron la “denuncia formal” de las abogadas que representan a las estudiantes, que apuntan no solo a Flecha, sino también a otros miembros del grupo de investigación CREA.
Además de suspender al catedrático emérito, la UB ha anunciado la apertura de un proceso de información previa, una actuación prevista en los protocolos del centro en casos de acoso sexual. Una comisión formada por tres especialistas con “formación específica en violencia de género y acoso institucional”, que podrán ser tanto internos como externos, será la encargada de la investigación dada la “complejidad” de los hechos denunciados.
La UB ha asegurado que, por su cargo de catedrático emérito, Flecha puede impartir un máximo de 60 horas anuales de docencia presencial. La docencia siempre es voluntaria y debe ser preferentemente en posgrados. También puede dirigir tesis doctorales y trabajos de fin de grado y de máster, así como impartir seminarios y formación continuada y formar parte de grupos de investigación como el CREA. Con todo, la institución no ha revelado cuáles de estas tareas impartía actualmente.
Efectos colaterales de la denuncia por acoso sexual
La semana pasada la Generalitat decidió suspender de manera cautelar el premio Trayectoria de Excelencia a la catedrática de sociología y directora del grupo de investigación CREA, Marta Soler, por las polémicas denuncias contra Flecha. El Departamento de Investigación y Universidades justificó la decisión por “responsabilidad” y “prudencia institucional”, ya que considera que “no dispone de la información necesaria para valorar con garantías la idoneidad de la candidatura”. A pesar de que el catedrático emérito ha negado en todo momento las acusaciones, el Gobierno considera que el caso pone en cuestión “la confianza en la solidez de la propuesta” validada por la UB.
