El Consell de Cent es el símbolo de la transformación verde en Barcelona. Celebrado por algunos, criticado por otros, el eje verde oculta un problema que, aunque no es endémico de esta calle, magnifica la «amenaza» que sienten los vecinos de L’Eixample. «La especulación está presente en todo el barrio». Es la observación que hace la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample, que recientemente ha sacado a la luz un nuevo caso especulativo. La Residencia Asistida Rosa Franch, de solo 16 usuarios y un ambiente familiar, deberá marcharse en julio de 2025. Un fondo de inversión ha comprado el bloque completo y ya ha vendido su planta a unos extranjeros, quienes les han avisado que no renovarán el contrato.
La asociación de vecinos denuncia que el equipamiento, gestionado por la fundación Les Saleses, es de gran utilidad en un barrio «sin ninguna residencia pública». Todo comienza en marzo de 2016, cuatro años antes de que Barcelona desglosara su plan para la superilla de L’Eixample. El fondo inversor Optimum RE Spain Socimi SA adquirió una decena de inmuebles en el distrito para «comprar, dividir en propiedades horizontales, reformar y vender en el mercado internacional», denuncia al TOT Barcelona el líder vecinal Jaume Artigas. Uno de los pisos de Consell de Cent, 403 –donde está la residencia– está en el mercado por 1,39 millones de euros. Un «oasis urbano» y «una oportunidad única», decía el anuncio, capturado por los vecinos.
La fundación Les Saleses, sin ánimo de lucro, ha salido al mercado inmobiliario a la caza de una nueva sede y se ha topado con dos realidades diferentes: que el centro de Barcelona es demasiado caro y que los pisos que hay no reúnen las condiciones que fija el Departament de Drets Socials para conceder licencias. Es, de hecho, uno de los problemas que también tiene el inmueble actual de Consell de Cent. La Generalitat les reconoce las externalidades positivas que tiene el modelo de proximidad, dice el director del centro, Oriol Agulló, pero les «pone trabas». La norma obliga a tener una infraestructura medicalizada, adaptada y con ascensores grandes. «Medidas de despacho –apunta el directivo– que chocan con la realidad». Agulló recuerda que, a pesar de ser concertado, las plazas que ofrece el centro son de carácter público. Es decir, que sus usuarios vienen de las listas que controla la Generalitat, que también es quien fija el precio.
Agulló explica que habían comprado un solar en Santa Coloma de Gramenet para construir un edificio nuevo –»tenemos proyecto y teníamos el dinero»– pero que la guerra en Ucrania ha disparado el precio de los materiales de construcción, lo que encareció el proyecto en un millón de euros, y ha borrado ese plan inicial de los esquemas de la entidad. En ese momento, la idea del centro era conseguir una moratoria de la Generalitat a la espera de encontrar otro espacio donde poder reunir todas las características que se les exige, pero los cambios de propiedad hacen imposible quedarse en Consell de Cent y tocará acelerar la mudanza. «No hay más, el fondo de inversión nunca nos ha ofrecido la posibilidad de comprarlo y ahora la gente que lo ha comprado quiere venir a vivir aquí. Hemos buscado otros espacios en L’Eixample, pero no hemos encontrado nada», explica Oriol Agulló al TOT.
Modelo en extinción
L’Eixample tiene 81 residencias, de las cuales solo 9, una de cada diez, tiene más de cien plazas. «Son muy modernas, tienen muchos protocolos y mucha tecnología, pero no son tan humanas», apunta Agulló, que advierte que, a pesar de estos números, el modelo de proximidad está «en peligro». «Las residencias pequeñas solo tienen salida si detrás hay una multinacional –que están entrando porque ven negocio– con capacidad económica», sentencia el director del centro.
El concepto «lucha» aparece con cuentagotas en la conversación con Oriol, que no cierra la puerta a seguir en L’Eixample sustituyendo algún otro negocio que tenga previsto cerrar. «Hay propietarios con residencias que querrán jubilarse y quizás podríamos ir a su espacio. Ya he contactado con algunas. Pero para eso necesitaríamos conseguir la moratoria de Drets Socials y cambios en la normativa; que nos dejen tener habitaciones de tres o cuatro camas, que es el principal escollo para no darnos la licencia», apunta Agulló, que concluye: «Lucharemos por mantener el modelo, porque, si no, la gente quedará hospitalizada en grandes residencias fuera de los centros urbanos. Que después nadie venga a explicarme nada de la proximidad».
«Un barrio en riesgo de desaparición»
Desde la asociación de vecinos citan el caso de la residencia como un ejemplo más que demuestra cómo «la presión inmobiliaria está transformando L’Eixample». Artigues teme que el barrio «desaparezca» tal como lo conocen ahora los vecinos; él augura un «parque temático para turistas y expats» en el futuro. La entidad ha contabilizado un crecimiento de las «operaciones especulativas», categoría que utilizan para definir toda compra de un bloque completo por parte de fondos de inversión. Tomando como referencia los principales portales inmobiliarios, la entidad vecinal asegura que se han producido 116 operaciones en 2024. En los primeros recuentos, que la entidad realizó en 2016, solo se recogieron una treintena de casos. A partir de ahí la cifra va creciendo: 2021 terminó con 65 compras especulativas, cifra que aumentó, siempre según los cálculos vecinales, hasta 47 en 2022, y a 98 en 2023.
Artigues sostiene que este tipo de compra es un fenómeno que se está expandiendo «a gran velocidad» por L’Eixample, que está «favoreciendo privilegios fiscales» y facilitando la adquisición de la «residencia». Es más, aunque es difícil probarlo, el líder vecinal especula que muchos de estos compradores tienen como objetivo principal «conseguir la Visa Dorada», un mecanismo aprobado por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2016 que permite adquirir automáticamente la residencia si se adquiere un inmueble superior al medio millón de euros. Por eso el tejido vecinal del centro de Barcelona exige al gobierno del Estado la retirada de la medida y, al Ayuntamiento, que no la promocione. Los vecinos también piden implementar un régimen sancionador más efectivo, mantener la reserva del 30% a vivienda protegida, que Collboni quiere «revisar», y aplicar la norma que permite adquirir inmuebles mediante el tanteo y retracto. Una medida, esta última, que ha motivado el último cara a cara entre los Comuns y el PSC en Barcelona.
