Un hombre llega a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de Ciutat Vella con un contrato de alquiler. Aparecen los datos de la propietaria del piso. Los funcionarios inspeccionan visualmente el contrato y proceden al empadronamiento en el domicilio sin más preguntas. Y así, hasta 8 personas que, supuestamente, compartirán un piso de 3 habitaciones con Patricia Martínez, propietaria del inmueble, y su hija. Esta vecina de Ciutat Vella ha sido víctima de una suplantación de identidad que la ha llevado a todo un periplo administrativo para poder demostrar que se trata de un empadronamiento fraudulento, fruto de un delito de suplantación de identidad, pero también de un marco legal administrativo que desampara a las víctimas de estos fraudes.
La odisea, los nervios y la angustia comienzan el 21 de octubre, mientras Patricia está en Perú trabajando. Su hija está en Barcelona y recibe una notificación -con fecha 26 de septiembre- del Ayuntamiento de Barcelona para su madre, en la que se le comunica que tiene un plazo máximo de diez días para presentarse presencialmente en la OAC por «una irregularidad», que en ningún caso se concreta en la notificación. Solo se notifica que Patricia es uno de los «4.566 expedientes individuales de baja padronal por posible incumplimiento de los requisitos de residencia establecidos en el artículo 54 del real decreto 1690/1986″. Se le notifica que si no acredita en diez días que esa es su residencia habitual, la darán de baja del padrón y del censo electoral.
Desde Perú, comienza la angustia por la incertidumbre y la falta de información. La hija de Patricia solicita, obligatoriamente, cita previa en la OAC, tal como se indica en la carta. Paradójicamente, la primera cita disponible es para 29 días después. «Al final mi hija se presenta sin cita previa en Ciutat Vella. Ponen en duda que sea mi hija, a pesar de que lleva la escritura de la propiedad y un recibo del IBI. No le dan ninguna otra explicación que hay un contrato de alquiler fraudulento. Va a los Mossos y denuncia suplantación de identidad y adjunta la denuncia a la instancia municipal. Pero pasa una semana y no tenemos respuesta. Yo me angustio mucho y decido regresar de Perú dejando el trabajo que tenía», relata a TOT Barcelona Patricia. Y a partir de aquí, comienza la odisea administrativa hasta hoy: tres visitas presenciales a la OAC y cinco instancias pidiendo soluciones y explicaciones. «Y de momento, solo he conseguido que nos regularicen a mi hija y a mí para poder emitir volantes de convivencia. Pero todavía tengo empadronadas a casa ocho personas», añade.
Desprotección legal: no es necesario comprobar contratos de alquiler
Además, como detalla Patricia, no es posible la comunicación directa con los técnicos responsables de los empadronamientos del Ayuntamiento, «la única vía es la instancia, y vives con la angustia de esperar la respuesta. Te dicen que aplican los procedimientos administrativos y la normativa vigente, que por ejemplo, no obliga a comprobar la veracidad del contrato ni siquiera a preservar una copia», lamenta la afectada. Esta es la respuesta que dieron a Patricia en una de las instancias, en la que reclamaba información sobre qué medidas había tomado el Ayuntamiento para evitar su suplantación de identidad. «Las personas que se empadronaron en su domicilio exhibieron un contrato de alquiler en el cual constan sus datos como arrendador. Les confirmamos que no disponemos de una copia del mencionado contrato, dado que este documento fue meramente exhibido en el momento de realizarse la tramitación. La exhibición del contrato de alquiler donde los datos del arrendador coinciden con la propiedad se consideró que cumplía la normativa», dice la instancia. En ningún caso se comprueba la veracidad del contrato y tampoco se solicita copia del DNI de la propietaria. «La sensación que tengo es que mis derechos dependen de los derechos de quien ha cometido el fraude, a mí me los han suprimido. La ley no me defiende como ciudadana», reflexiona esta vecina de Ciutat Vella.
La única garantía que de momento ha obtenido la propietaria del piso es que, a partir de ahora, su domicilio queda «bloqueado informáticamente para cualquier petición relativa a una inscripción, de manera que se le aplique un régimen reforzado de comprobación y tramitación». Es decir, que después del calvario, aún no resuelto, el Ayuntamiento hará lo que se supone debería ser el procedimiento habitual, comprobar la veracidad de los datos. Con todo, y a pesar de que el Ayuntamiento ya ha reconocido que se trata de un fraude, las 8 personas continúan empadronadas en su domicilio.
Un proceso largo para dar de baja a los empadronados
Patricia Martínez también ha tenido que batallar para que las personas empadronadas falsamente en su casa -ella apunta a una posible mafia y no a personas concretas actuando por su cuenta-, y ahora aún tendrá que esperar a que finalice el procedimiento administrativo hasta que el Ayuntamiento dicte la baja definitiva del padrón de las 8 personas. Las «personas afectadas» -así se refiere el Ayuntamiento a los falsos empadronados- tienen derecho a una audiencia antes de que el Consejo de Empadronamiento emita el informe preceptivo. Según la carta de respuesta a una de las instancias presentadas por Patricia, con fecha 26 de noviembre, el Ayuntamiento comunicará a los «afectados» la incoación del expediente y les dará un plazo para presentar alegaciones antes de darlos de baja. Si no los puede notificar, se publicará el aviso en el BOE, y si los «afectados» presentan alegaciones, será necesario que el Consejo de Empadronamiento avale la baja del censo. Un camino que puede durar unos seis meses, según ha podido saber la víctima de la suplantación de identidad. De hecho, en la notificación se le confirma que, según la normativa vigente, «no es posible realizar de manera inmediata la baja retroactiva de las personas que se hayan empadronado presuntamente de manera fraudulenta, se deben seguir los procedimientos legales establecidos». Y aún más, la ley protege la identidad de las 8 personas que han cometido el fraude, a menos que lo requiera la policía o la justicia a partir de la denuncia que Patricia Martínez interpuso.
Los perjuicios de tener 8 empadronados en casa
Más allá de la odisea burocrática que ha vivido Patricia, el hecho de tener aún empadronadas en su casa 8 personas tiene consecuencias para la propietaria, que la ley, por cierto, no tiene en cuenta. Por ejemplo, para tramitar becas académicas de su hija, se ha encontrado con que la concesión está vinculada a la renta disponible en el domicilio, con 10 personas empadronadas. Además, desde el 26 de septiembre y hasta ahora, no ha podido acceder a los volantes de convivencia y certificados de empadronamiento, necesarios para realizar diversas gestiones, porque la habían bloqueado.
Paralelamente, Patricia consultó a la Sindicatura de Greuges de Catalunya sobre su situación, y le confirmó que «no me pueden obligar a presentarme presencialmente en la OAC, que existe la vía telemática». Sin embargo, le advirtieron de las pocas posibilidades de éxito al reclamar al Ayuntamiento daños y perjuicios por esta imposición de presencialidad. «Tuve que regresar de Perú, pagar un billete de avión y perder prestigio profesional por dejar a medias un trabajo», denuncia.
