El ejecutivo de Jaume Collboni ha aprobado en la comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior la nueva ordenanza de convivencia, que se renueva veinte años después de ser impulsada. El gobierno municipal solo ha aceptado el 34% de las alegaciones presentadas por los grupos municipales y doce entidades independientes, pero ha aceptado la mayoría de peticiones de Junts y supera la mayoría absoluta. El voto favorable también de ERC, que ha pactado un nuevo decreto para impulsar medidas alternativas a la sanción, permite al ejecutivo sumar 26 de los 41 concejales del Pleno. La ordenanza pasará ahora al consejo plenario del próximo viernes y entrará en vigor entre finales de enero y principios de febrero de 2026.
La nueva ordenanza incrementa la multa de la mayoría de infracciones más comunes, entre las cuales están orinar en la calle, hacer grafitis, fumar cannabis o la venta ambulante, que el ejecutivo de los Comunes quiso rebajar sin éxito durante sus mandatos. Además, el nuevo texto reduce los descuentos para dar un mensaje más contundente a la ciudadanía. Hasta ahora, los descuentos oscilaban entre el 75% y el 65% del precio de la multa, en función de en qué momento se realizara el pago, pero con el nuevo texto los descuentos caen y serán del 60% y el 50%.
Otro aspecto que cambia es la recaudación de las multas, que Junts pedía mejorar de manera “significativa”. El acuerdo de Junts y el PSC incorpora que se buscarán mecanismos con las administraciones de la Generalitat y el Estado para mejorar la recaudación, que actualmente es de solo el 16%. Según explican desde el ejecutivo, la Guardia Urbana llevará datáfono y permitirá a los turistas pagar las multas graves al momento. Los infractores locales continuarán pagando al momento solo las multas leves, pero el texto incorpora indicaciones claras a la Guardia Urbana para que cobre in situ todas las multas a los turistas; en este caso, también las graves.
El acuerdo con Junts también incorpora la creación de un convenio con Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) para fomentar el civismo dentro del metro. Junts pedía prohibir los altavoces, pero finalmente se ha optado por incorporar una fórmula más genérica. El gobierno también se compromete a iniciar, en el plazo de dos meses, los estudios para sancionar la publicidad de captadores de clubes cannábicos en la calle; se elimina la obligatoriedad de limpiar el orín de los perros guía –el resto no queda exento; y se agilizan los sistemas informáticos para detectar casos reincidentes.
Lo que queda fuera es la petición de Junts de incorporar los antecedentes en los informes de arraigo, que el Ayuntamiento ha desestimado y no incorpora en la ordenanza. Ambos grupos explican que esta competencia no recae sobre los municipios desde noviembre de 2024 y Junts ha pedido a Collboni que solicite al Estado el cambio. Un cambio que no tendría el apoyo de ERC y los Comunes –ya lo han criticado en Barcelona– y muy probablemente tampoco de otras fuerzas del flanco izquierdo del hemiciclo; al otro lado el PSOE tendría que buscar el apoyo como mínimo del PP. Fuentes del gobierno se limitan a decir que este hecho no está incluido en la ordenanza y no fijan plazos para tratar la petición en Madrid.
Las sanciones principales de la ordenanza de civismo
La ordenanza no cambia los importes que ya había propuesto inicialmente el gobierno de Collboni. Orinar en la calle puede ser sancionado con multas de hasta 750 euros (hasta ahora era 300). El texto pone énfasis en las acciones que se puedan hacer en calles estrechas –de cuatro metros de ancho o inferior–, que se considerarán un agravante para aplicar los importes más elevados. Este hecho se hace pensando en aquellas calles poco transitadas en zonas de aglomeración de discotecas.
Se mantiene el importe por beber bebidas alcohólicas en la calle –los famosos botellones– que puede llegar hasta los 1.500 euros en función de la gravedad de la infracción. En este sentido, lo que cambia esta ordenanza no es el importe en sí sino el hecho de beber rodeado de menores de edad, que ahora se considerará un agravante. Fuentes del área de seguridad comentan que la ley solo permite multas hasta 600 euros, pero que se acogen a una nueva ley sobre prevención de sustancias adictivas para considerar la presencia de menores como un agravante. En este caso, un adulto podrá ser sancionado con importes entre 750 y 1.500 euros. La promoción de rutas etílicas se sancionará con 3.000 euros.
El último gran aspecto que destaca la ordenanza son las pintadas o grafitis. El gobierno multará con hasta 600 euros a los autores de pintadas en la calle y añadirá el costo de las pintadas. El ejecutivo trabaja para que los infractores también trabajen en la limpieza de su pintada –tal como pedía Junts– pero avisa que es complicado de cuadrar por una cuestión de «riesgos laborales». En todo caso, desde el consistorio aseguran que el costo de las pintadas se sumará tanto sí como no a la multa y no podrá compensarse con medidas alternativas.
El texto mantiene otras sanciones que ya estaban, como transitar por la calle sin camiseta si no se está practicando deporte o en zonas marítimas (sancionado con 300 euros), la venta ambulante ilegal (600 euros) e incorpora la exhibición de conductas sexuales en despedidas de soltero (300 euros). El texto también incorpora los actos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual en el espacio público, como el exhibicionismo y la masturbación, como un aspecto sancionable.
Fomento de las medidas alternativas
El ejecutivo de Collboni insiste en que es una ordenanza más dura respecto a la que había hasta ahora, pero incorpora, a petición de ERC, el fomento de medidas alternativas. En este caso, el texto actual no suma medidas exactas, pero el ejecutivo se ha comprometido a trabajar un nuevo decreto en esta línea. En todo caso, las medidas alternativas son, por ley, siempre voluntarias y el Ayuntamiento no las puede imponer. Están pensadas especialmente para los jóvenes y las personas vulnerables –la Urbana tendrá la obligación de hacerlas constar en el momento de poner la multa– y pretenden ser, según explican fuentes del gobierno, como un vínculo entre los vulnerables y servicios sociales.
El ejecutivo dice que «lo revisará todo» en el marco del nuevo decreto que se debe estudiar. Esto también implica la posibilidad de optar a medidas alternativas si un infractor encadena diferentes sanciones. Actualmente, una persona con más de una sanción no puede hacer medidas alternativas para cada una de las infracciones, un aspecto que podría cambiar. Lo que sí tiene claro el gobierno es que harán los cambios necesarios para reiniciar el proceso sancionador en caso de abandonar antes de tiempo las medidas alternativas –como pueden ser cursos de concienciación o similares. Eso sí, por ahora, el Ayuntamiento aún no especifica qué tipo de medidas concretas se podrían impulsar aparte de las actuales.
