La Fiscalía de Barcelona ha solicitado al Colegio Notarial de Cataluña y a las entidades financieras que ayuden a detectar las estafas a personas mayores. El ministerio público reclama que tanto los notarios como los trabajadores bancarios no autoricen ciertas operaciones si sospechan que pueden ser una estafa para personas mayores o vulnerables, y que lo comuniquen a la Fiscalía por si hubiera un posible delito.
En un encuentro con medios, el fiscal en materia de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad y mayores, Antoni Torres, ha asegurado que cada semana les informan de presuntos casos de personas vulnerables que pierden parte de su patrimonio. Se trata en su mayoría de personas mayores que sufren un deterioro cognitivo.
Delegan la administración de sus bienes
El caso más habitual es que las personas mayores se dejan «ayudar» por otras personas, como vecinos, amigos y familiares (incluso cuando se encuentran en residencias), a quienes delegan la administración de sus bienes y su pensión. Estos se aprovechan patrimonialmente de la víctima, aprovechándose de su vulnerabilidad.
La Fiscalía también ha detectado casos de compañías de suministros que han abusado de la vulnerabilidad o incluso de indicios de demencia de algunos ancianos para hacerles contratar servicios más caros o que no necesitan.
Un defensor judicial
Según la Fiscalía de Barcelona, cuando les llega un caso, investigan los bienes, ingresos y gastos del afectado, y piden a un juez que designe un defensor judicial, normalmente una fundación, que haga un inventario del patrimonio y supervise todas las operaciones económicas de la víctima y se soliciten medidas cautelares para bloquear determinadas actividades económicas.
El 65% de las víctimas vulnerables a las que atiende esta sección de la Fiscalía de Barcelona son personas mayores, en su mayoría por delitos de estafa y de apropiación indebida, y que además pueden sufrir maltratos incluso por parte de sus propios familiares.
