La Justicia ha tumbado un segundo eje verde reformado por el gobierno de Ada Colau. Después de que hace unos meses, una jueza anulara la remodelación de Consell de Cent, ahora le ha tocado a la pacificación de Comte de Borrell. La situación vivida es muy parecida a la de Consell de Cent, ya que la remodelación de la calle se tramitó como una obra ordinaria, cuando se tendría que haber hecho una modificación del Plan General Metropolitano (PGM), ha avanzado
Según la jueza, la reforma que se ejecutó «no está ajustada a derecho» porque no se hizo la citada modificación del PGM. El Ayuntamiento tiene previsto presentar un recurso a la decisión judicial. Según la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, lo harán por «un principio de responsabilidad y continuidad institucional». La regidora socialista ha defendido «la legalidad» de lo que se ha hecho y de lo que han hecho los servicios técnicos y jurídicos municipales.
En Consell de Cent, la jueza planteó una mediación
Como en el caso de Consell de Cent, la sentencia pide echar atrás la obra y dejar la calle como estaba con anterioridad, es decir, volver al PGM de 1976. La Unión de Ejes Comerciales Turísticos de Barcelona (Barcelona Oberta) es la entidad que denunció la remodelación, pero no pedirá que se ejecute el dictamen judicial. En el caso de Consell de Cent, la misma jueza planteó una mediación para evitar revocar la obra.
Como ya advirtió el TOT, otra reforma se puede encontrar en la misma situación si alguna entidad o particular presenta una denuncia. Se trata de la pacificación de la ronda de Sant Antoni, una arteria que es red viaria básica. Según el urbanista Antoni Renalias, es una vía de circulación de entrada y salida entre el Raval y Eixample y punto de conexión con el resto de rondas internas, como la de Sant Pere, Universitat y Sant Pau, y para llevar a cabo la pacificación -que ahora mismo se está ejecutando- también se habría tenido que modificar el PGM. Tampoco se hizo.
El PP abrió la vía administrativa con la ronda de Sant Antoni
De momento, el PP, el partido que en el Ayuntamiento lidera Daniel Sirera, ha presentado una Acción Pública Urbanística, un procedimiento administrativo -pero que también puede hacerse por la vía judicial- que tiene por objeto impugnar unas obras para garantizar la defensa de la legalidad. Por ahora, los populares no han recibido respuesta del gobierno de Jaume Collboni.
