El gobierno de Jaume Collboni tiene encaminado el reglamento de las Taser y lo llevará al próximo pleno para su aprobación definitiva. Pero aún no tiene garantizados los apoyos. Los Comuns y ERC se han desmarcado rotundamente y Junts, el Partido Popular y Vox han hecho reserva de voto. Junts y PP consideran insuficientes las 22 pistolas Taser que el Ayuntamiento tiene previsto comprar en una primera tanda, prevista para el próximo año, y la extrema derecha ha cuestionado que los dispositivos estén pensados para los mandos y no para el resto de los agentes. El ejecutivo aprobó una enmienda popular la semana pasada que abría la puerta para que todos los agentes de la Urbana pudieran llevarlas más adelante -siempre que los jefes del cuerpo lo avalaran en sus informes- pero no ha sido suficiente para convencer a los grupos que tradicionalmente han defendido posturas más duras contra la inseguridad.
El presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí Glabis, ha defendido el uso de las Taser y ha lamentado que este reglamento llega tarde. El miembro de Junts ha cuestionado la «falta de ambición» del ejecutivo socialista al fijar un límite de 22 armas para la primera compra. «Los sindicatos mayoritarios de la Guardia Urbana dicen que no se ha tenido en cuenta su opinión, esto no es un buen aliado para que en el futuro estas armas estén bien utilizadas», ha añadido Martí Galbis. Junts sí ha celebrado que el nuevo redactado incluya mejoras en la trazabilidad de las descargas. El PP ha utilizado argumentos similares, sobre todo por la cantidad de armas que tiene previsto adquirir el Ayuntamiento. Juan Bautista Milian ha calificado de «inútil» comprar solo 22 en una primera tanda. «Tener 22 pistolas escondidas en las comisarías no sirve de nada», ha comentado el popular, refiriéndose a la decisión de que las utilicen los mandos.
ERC y BComú critican su uso en menores de 14 a 18 años
El teniente Albert Batlle ha dado por cerradas las negociaciones, asegurando que ha habido un debate muy extenso y que se han tenido en cuenta muchas alegaciones de los grupos. «Es el reglamento más garantista de todo el Estado», ha defendido el responsable de políticas de seguridad de Barcelona. En todo caso, el ejecutivo ha descartado dar marcha atrás en una de las cuestiones más polémicas, lo que le ha valido la reprimenda de Barcelona en Comú y ERC. El reglamento permite su uso en menores de 14 a 18 años, a pesar de las advertencias de Amnistía Internacional y organizaciones como Naciones Unidas. «Esta es una línea roja para nosotros», ha asegurado el republicano Jordi Coronas. En nombre de los Comuns, Marc Serra, ha lamentado que el PSC vaya «a remolque de los sindicatos policiales». Desde el ejecutivo defienden que los 14 años marcan la edad penal en el Estado y que ningún otro reglamento, tampoco el de los Mossos, tiene la mayoría de edad como límite. «No estamos hablando de responsabilidad penal sino de corpulencia y estado físico», ha respondido Coronas.
