El Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia ha llevado al Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas el caso de los hermanos Ferrándiz, que denuncian haber sufrido torturas por parte de la policía franquista en la jefatura de Via Laietana de Barcelona. Maribel y Pepus Ferrándiz fueron detenidos durante 32 días cuando tenían 17 años y, según la denuncia, estuvieron incomunicados y sometidos a maltratos físicos y psicológicos por su militancia política, con un componente de violencia de género en el caso de Maribel.
La acción legal llega después de que la vía judicial española haya cerrado todas las puertas. El juzgado de instrucción número 3 de Barcelona archivó la querella presentada por los hermanos en noviembre de 2023 sin practicar diligencias, alegando la prescripción de los hechos, el principio de legalidad y la aplicación de la ley de amnistía de 1977. La Audiencia de Barcelona avaló la decisión y el Tribunal Constitucional acabó inadmitiendo el recurso de amparo.
La puerta de la ley de memoria democrática
Este es el primer caso de torturas del franquismo que llega al Comité contra la Tortura después de la aprobación de la ley de memoria democrática de 2022, que establece la obligación de investigar los crímenes contra la humanidad de la dictadura y determina su no prescripción ni amnistía. La denuncia ante el organismo de la ONU apunta a una posible vulneración de los artículos 12, 13 y 14 de la Convención contra la Tortura, en relación con el artículo 1, por la falta de una investigación efectiva y por no garantizar ni un recurso ni una reparación adecuados. El texto también sostiene que la negativa de los tribunales españoles a investigar estos casos supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
En declaraciones recogidas por la ACN, la abogada de los demandantes, Laura Medina, sostiene que las torturas denunciadas “son un ejemplo del patrón de impunidad español que afecta a los crímenes del franquismo”. Medina recuerda que las querellas se presentaron en el marco de la nueva ley, que abría “una expectativa legítima de justicia para las víctimas, después de años de impunidad”, pero lamenta que “se topó con los obstáculos judiciales de siempre”. En este sentido, considera que se ha vulnerado el deber del Estado de investigar estos hechos como crímenes de lesa humanidad y el derecho de las víctimas “a la verdad, la justicia y la reparación, tal como establece el derecho internacional de los derechos humanos”.
Entre las medidas que se reclaman, está que el Comité inste a España a investigar los hechos, a reparar los daños causados a los hermanos Ferrándiz y a impulsar reformas para evitar que se repitan situaciones similares. Entre estas, se incluyen cambios en el Código Penal y en la ley de amnistía, garantizar el acceso a los archivos de la represión franquista y reconvertir la jefatura de Via Laietana en un espacio de memoria con archivos y un centro de interpretación sobre la tortura.
