Nueva guerra judicial en Barcelona. Esta vez es la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) quien ha llevado a los juzgados el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Barcelona con el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y la decisión de la Comisión de gobierno del consistorio para aprobarlo, del 8 de mayo, motivo por el cual ha presentado un recurso contencioso administrativo.
En declaraciones recogidas por la ACN, Apartur asegura que este convenio se generó con la intención de «fomentar la prohibición» de acabar con los pisos turísticos en las comunidades de vecinos y las actividades económicas. Una decisión que, según la asociación, es una vulneración de los «principios de seguridad jurídica y afecta actividades legalmente autorizadas».
Información oculta
En la demanda presentada por Apartur denuncian que el contenido del acuerdo lo conocieron cuando accedieron al expediente administrativo, mientras que la información que estaba pública trataba el acuerdo como un convenio para «informar y orientar a las comunidades de propietarios sobre los procedimientos y ventajas de dotarse de normas de regulación y convivencia para regular la instalación de actividades económicas». Apartur denuncia que el «contenido real» de este convenio trataba sobre «la orientación y apoyo a las comunidades de propietarios para incluir en sus estatutos la prohibición de la instalación de actividades económicas, incluida la turística», un hecho que según la asociación no se ve reflejado en el documento final y reclaman que los tribunales puedan declarar la nulidad de este convenio, ya que, según denuncian, excede «el propósito anunciado y por promover una actuación que afecta de forma sustancial a derechos adquiridos y actividades económicas regladas».
«El convenio incentiva que administradores de fincas y profesionales jurídicos asesoren a las comunidades con un único sentido, ya que solo reciben la subvención si la comunidad adopta acuerdos restrictivos», lamentan desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur).
