El Gimnàs Social Sant Pau, ubicado en Ciutat Vella, alerta que tendrá que cerrar su servicio de duchas, que utilizan unas 200 personas sin techo, y aplicar un ERTE a 12 trabajadores porque no ha cobrado una subvención de 200.000 euros del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Según explican desde el gimnasio en un comunicado, el consistorio se comprometió a pagarla a finales de septiembre y, pese a los avisos que se han hecho desde el equipamiento, no ha acabado pasando.
El gimnasio se trasladó el junio del año pasado a unas instalaciones provisionales, mientras se renueva su sede, con la idea de seguir con toda la actividad. En todo caso, desde la pandemia solo programan actividades deportivas, de carácter social, por las tardes. Por la mañana el equipamiento abre las puertas para acoger a personas sin hogar que usan el servicio de duchas, cambio de ropa y el reparto de comidas. Desde la entidad recuerdan que en Barcelona solo hay cuatro servicios de duchas municipales y solo uno en Ciutat Vella. Todo ello está generando, dicen, una situación insostenible al gimnasio –no pueden pedir otras subvenciones porque no están al corriente de Hacienda– y también afuera del barrio. Las otras entidades que ayudan los sin techo sufrirán «más presión de la que ya sufren» y «empeora la convivencia en el barrio».
Solo han recibido un 4% de la ayuda prometida
El gimnasio ha comunicado que se han presentado a 32 convocatorias de subvención diferentes para conseguir fondos que complementen las cuotas que pagan los socios del gimnasio. De estas se los ha concedido ayuda por valor de 370.000 euros, pero en la hora de la verdad solo han ingresado 14.500 euros. «A pesar de que los proyectos se están desplegando desde enero», recalcan en el texto. «Esta carencia de pago en los plazos acordados genera unas tensiones insalvables en el pago de los gastos corrientes, como son los salarios de la plantilla, a pesar de que la entidad sea viable», añaden.
El Gimnasio Sant Pau hace un llamamiento a las administraciones para que escuchen sus reclamaciones y apuntan que esta carencia de financiación ha obligado a otras entidades, como Arrels Fundación o la Coop57, y a vecinos y comerciantes del barrio a sufragar los gastos. En todo caso, desde la entidad aseguran que no pueden aguantar más en esta situación. «Volvemos a recordar que estamos cubriendo unos derechos básicos de las ciudadanas que las administraciones están obligadas a cubrir», insisten en el comunicado.
La oposición reacciona
La alerta ha llegado a oídos de algunos partidos de la oposición. ERC ha reclamado directamente a Jaume Collboni «ejecute el pago de forma inmediata». Los republicanos definen el espacio como «un servicio fundamental en el barrio del Raval que tendría que ofrecer y cubrir el consistorio». Fuentes oficiales de ERC apuntan que el julio de 2021 ya forzaron la compra de un edificio «para mantener el gimnasio» y detallan que presentarán una iniciativa en el próximo plenario de octubre «para que el PSC dé todas las explicaciones pertinentes».
