La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha posicionado en contra de admitir a trámite un recurso de casación presentado por una abogada de Barcelona que fue condenada por estafar a unos vecinos del Bon Pastor. Según la documentación a la que ha tenido acceso el TOT Barcelona, con fecha 2 de febrero, el fiscal pide a la Sala que dicte «la providencia de inadmisión» porque la persona recurrente «incumple todos los requisitos necesarios». El caso se remonta al año 2006, cuando la asociación de vecinos AVIS del BARRI decidió emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento por la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de las casas baratas del Bon Pastor, el 5 de julio del 2006 en comisión de gobierno.
Tal como explicó este medio el pasado mes de junio, la citada entidad solicitó a una letrada que interpusiera demandas y recursos contra el consistorio. Pero nada salió como los vecinos esperaban y la abogada los estafó, alargando el proceso en el tiempo, «faltando a la verdad sobre el estado real de los procedimientos», recuerda ahora el fiscal del Supremo.
El 30 de diciembre del 2022, un juez de Barcelona condenó a la abogada, por un delito de deslealtad profesional, a indemnizar la asociación con 10.000 euros, más 10 euros diarios en concepto de multa durante un año (3.600 euros en total), a la vez que también la inhabilitó para poder ejercer durante doce meses. Luis Carmelo, portavoz de la entidad vecinal, recuerda que la abogada ya presentó un recurso de apelación por la condena que fue rechazado por la Audiencia Provincial de Barcelona.
Más de 8.000 euros gastados
Citando a la Audiencia Provincial, el fiscal del Supremo subraya en su escrito que la abogada no informó a sus clientes que los recursos de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional sobre el caso no habían sido admitidos, «como tampoco que había transcurrido el plazo para la interposición del recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y faltando a la verdad ante este tribunal en cuanto a la demanda interpuesta fuera de plazo».
Con posterioridad, apunta el fiscal, la abogada embarcó a los denunciantes en una querella criminal «con pocos visos de prosperar». Según un extracto de la sentencia, la letrada los engañó, informándolos que todo iba según el previsto y que ya estaban en la fase en que la jueza empezaría a investigar a fondo todo lo denunciado.
El proceso se alargó durante años y la asociación vecinal se gastó más de 8.000 euros, 3.950 euros en la abogada y unos 4.300 en las acciones judiciales. Incluso, la profesional les recomendó emprender otras denuncias, pero los vecinos lo descartaron después de consultar a otros letrados.
