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Dos exguardias urbanos se querellan contra Batlle por el caso Greenpeace

Dos agentes retirados de la Guardia Urbana han presentado una querella contra el teniente de alcaldía del área de Seguridad, Albert Batlle, y el jefe del cuerpo policial, Pedro Velázquez, entre otros responsables policiales y del Ayuntamiento. Según ha avanzado, la agencia ACN, los hechos se remontan a junio de 2021, cuando los policías resultaron heridos, con el resultado de incapacidad permanente, durante una persecución a dos lanchas de la ONG Greenpace.

El 18 de junio de 2021, durante la celebración del Círculo de Economía que se hacía en el Hotel Vela, con la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, Greenpeace llevó a cabo una acción de protesta que acabó en una persecución con la Guardia Urbana. Según consta en la querella, a la que ha tenido acceso la ACN, los policías resultaron heridos después de golpearse con una de las embarcaciones. La incapacidad de los policías ha sido reconocida por la Seguridad Social, con el resultado de una incapacidad total y otra de absoluta.

Un agente de la Guardia Urbana en una lancha, en 2016 / ACN-Fíguls L.

El Ayuntamiento no ha recibido ninguna comunicación del juzgado

Fuentes del Ayuntamiento aseguran al TOT Barcelona que no tienen constancia oficial de la querella, ya que no han recibido ninguna comunicación del juzgado y, por lo tanto, «es prematuro hacer una valoración jurídica», indican. En cualquier caso, el consistorio «hace un seguimiento estricto de las condiciones y medidas de la ley de prevención de riesgos laborales de todos sus equipos de trabajo, y esto incluye a los de la Guardia Urbana».

Además de Batlle y Velázquez, los dos exagentes se han querellado contra otros cuatro responsables de la Guardia Urbana y dos del departamento de riesgos laborales por un delito contra los derechos de los trabajadores y por otro de lesiones graves por omisión. Los querellados piden que se declare al Ayuntamiento responsable civil subsidiario, así como inmovilizar las embarcaciones policiales.

Los exagentes formaban parte de la unidad de playas de la Guardia Urbana y aseguran que, en diferentes ocasiones, habían denunciado falta de formación, puesto que Capitanía Marítima les habilitaba para patrullar en el mar con una titulación náutica recreativa. En 2019, este decreto se modificó y los policías hicieron una formación por su cuenta y reclamaron de nuevo a la Guardia Urbana que les formara como era su obligación. Las quejas, que se hicieron patentes de palabra, en reuniones y a través de correos electrónicos, también hacían referencia a la falta de material.

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