Después de años de lucha y de forzar un informe del síndico de Barcelona, los familiares de los presos han conseguido ahora llegar al Parlament de Catalunya. El último intento de levantar la voz ha estado ante unos diputados atónitos y hasta cierto punto perplejos con el que sentían. Las reclamaciones son nuevas para muchos parlamentarios, pero no para unos familiares que hace años piden a la Generalitat más atención. La aparición de la Asociación de Familias de Presos de Cataluña en el Parlamento, en el marco de la Comisión de Justicia de la semana pasada, es la primera de esta entidad en la cámara catalana y sirve para exponer las principales preocupaciones de los reclusos y poner deberes al Gobierno.
Entre otras, los familiares han destapado una situación que se ha enquistado en los centros penitenciarios catalanes. Aseguran que la entrada de droga en las prisiones es una constante y mantienen que la responsabilidad no es ni de los presos ni de sus familiares. La asociación admite que hay familiares que podrían estar entrando sustancias dentro de los recintos, pero también ponen énfasis en los funcionarios.
El 80% de internos tienen relación con la droga
Los datos hablan por sí solos: según la entidad, el 80% de internos tienen relación con la droga, bien sea porque traficaban o porque el consumo masivo de sustancias los llevó a delinquir. De aquí que los familiares pidan encarar este tema con rigurosidad y proteger a los presos «que quieren dejar de consumir». El secretario de la asociación de familias, Rafael Nieto, es uno de los que habla más claro al respeto. El pasado miércoles pedía la colaboración del Parlament para poner luz y erradicar la presencia de droga en las prisiones. Hay presos que luchan por desintoxicarse, pero topan con módulos donde no pueden hacer «ningún tratamiento» ni mucho menos con un «seguimiento». Nieto detallaba que ni siquiera se les hacen «análisis de sangre» para ver como evolucionan.
Según los familiares, las administraciones que gestionan los centros tienen toda la responsabilidad. Consideran que los funcionarios no son bastante contundentes e instan al Govern a «tener cura» para que la droga no entre en las prisiones. «Es difícil saber cómo llega», apuntan desde la asociación de familiares, que lamenta que se acuse siempre a las familias y en cierto punto se ignoren las informaciones cuando apuntan a alguien de dentro del centro. «Pensamos que se pueden mejorar las formas de control en las prisiones. Si se controla a los aeropuertos también se puede hacer en la prisión», reiteraba Nieto en el Parlament.
Piden hacer caso al protocolo Minnesota
La lucha de los familiares ha llegado al Parlamento en forma de listado de diez preocupaciones que hace años que los acompaña. Más allá de la droga, la asociación pide más y mejor información, atender a la salud mental de sus parientes y reclama «respeto» por las investigaciones que se hacen en las muertes que pasan en la prisión. Este último, una reclamación recurrente de las familias. «El protocolo Minnesota [de la ONU] facilita que haya segundas autopsias, hecho que los jueces muchas veces no consideran oportunas o incluso a veces no se hacen porque los cadáveres no se guardan en buenas condiciones. Es muy grave», recriminaba la presidenta de la entidad, Gracia Amo, en el Parlament.
En esta línea, los familiares piden que se conserven las imágenes de las cámaras y recuerdan que la normativa internacional permite que la familia lleve un forense de su confianza. Todo ello son, en definitiva, medidas que tendrían que ayudar a esclarecer algunos hechos negros que pasan, según la denuncia de las familias, en las prisiones catalanas. «En la autopsia de mi hijo faltan muchas pruebas», explicaba Amo a los parlamentarios después de anunciarlos que su hijo murió en Brians II. «En ningún momento se nos preguntó si necesitábamos un psicólogo. Las instituciones desaparecen y estamos solas», dice Amo, que asegura que hay «suicidios» y «muertes por contenciones mecánicas» en los centros catalanes.
El informe del defensor del pueblo sobre las prisiones
Estas reclamaciones han sido recientemente apoyadas por el defensor del pueblo de Barcelona, que en un informe ha sentenciado que los familiares de los presos son un colectivo «invisibilizado» que necesita «más apoyo jurídico, psicológico y de orientación». El encarcelamiento, dice el defensor del pueblo, conllieva «una destrucción familiar» que provoca «alteraciones psíquicas y del estado de ánimo en cada uno de los familiares afectados», y por eso pide a las autoridades competentes dar un paso adelante para satisfacer las necesidades tanto de reclusos como de familias.
Más allá de pedir a todas las administraciones que escuchen las reclamaciones de los familiares, el defensor del pueblo también ha puesto deberes a los servicios sociales y ha propuesto crear un Punto de Asesoramiento, Desviación y Acompañamiento (PADA). Desde la sindicatura han admitido que el Ayuntamiento de Barcelona todavía tiene que estudiar la propuesta, pero que la primera respuesta «ha sido buena».
