«Finalmente, y después de casi 8 años, podemos presentar un escrito de acusación con todo el peso de las evidencias recogidas durante este largo período». Así se expresaba Roger Español, el independentista a quien los agentes del Cuerpo Nacional de Policía le dejaron tuerto con una bala de goma durante el Primer de Octubre, este viernes después de registrar el escrito de acusación contra los cuatro policías acusados.
Irídia, la entidad que representa a Español, firma un escrito con el que acusa a los agentes de un delito grave de lesiones con pérdida o inutilidad de un órgano principal, con el agravante de prevalencia de cargo público, y de un delito de torturas. Así solicitan penas de nueve años y un día de prisión y cuatro años y un día de prisión, respectivamente, así como la inhabilitación especial para ejercer funciones públicas durante el período de condena.
Según el escrito, de 17 páginas y al que ha tenido acceso El Món, los cuatro agentes, todos cerca del escenario de los hechos, eran «plenamente conscientes de que la concentración era pacífica» y de que «no había ningún riesgo para la seguridad de los agentes ni de terceros». En este sentido, y después de alegar la multitud de pruebas practicadas, los abogados Anaïs Franquesa y Ton Mansilla enfatizan que los policías sabían perfectamente que «el uso de balas de goma en esa situación podía provocar lesiones graves por la proximidad de los manifestantes».
A pesar de ello, y siguiendo el relato del detallado escrito de acusación, el escopetero, «actuando de común acuerdo con sus superiores jerárquicos, efectuó hasta tres disparos contra Roger Español. En el tercero, la bala de goma le impactó en el rostro cuando se encontraba con las manos levantadas entre periodistas, a solo 14,12 metros de distancia, causándole heridas muy graves que le han comportado la pérdida de un ojo.
Represalia
Para Mansilla, el disparo se efectuó como «represalia contra Español por haber participado en la protesta del 1 de octubre». “Por eso consideramos que, además de un delito de lesiones con pérdida de órgano principal, también hay un delito de tortura, ya que este daño se produjo con una intención clara de castigarlo”, argumenta.
Por su parte, Anaïs Franquesa, directora de Irídia, afirma que el 1 de octubre de 2017 no se deberían haber utilizado balas de goma “en ningún caso”. “En primer lugar, porque en Cataluña estaban erradicadas desde abril de 2014, precisamente por su alta lesividad y peligrosidad», insiste. En segundo lugar, porque se trataba de una concentración pacífica y no había ningún motivo para emplear un armamento de estas características”, concluye la abogada.
